Gobierno y ecologistas cargan contra la nueva ley andaluza del PP y Vox por el “atropello” en Doñana | Clima y Ambiente Medio

Transcurrido un año, vuelta a la casilla de salida. Con el parque de Doñana en el mismo estado critico de biodiversidad, de nada han servido las amenazas de la Comisión Europea para multar a España, los informes científicos en contra, las quejas de los ecologistas y los propios agricultores de la zona, los avisos de los candados de los supermercados europeos que mermarían las exportaciones, y la advertencia del Gobierno de que acudiría al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. La derecha andaluza ha retomado su proposición de ley para aumentar los regadíos junto a Doñana –con pequeños cambios– y este viernes ha reactivado las críticas de los ecologistas, los científicos y el Ministerio para la Transición Ecológica.

A tres meses de las elecciones municipales, el PP andaluz de Juan Manuel Moreno –que insiste en su fuerte conciencia ecológica– ha presentado este viernes junto a la ultraderecha una ley para aumentar los invernaderos de fresas junto a la emblemática reserva. Y la reacción en contra ha sido severa: “Vuelven los tambores de guerra contra Doñana y la legalidad. Que no haya la menor duda: nos opondremos a cualquier ataque a este valioso espacio natural», ha censurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Twitter.

El ministerio no descarta denunciar la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, tal y como observó hace un año, y recuerda que Bruselas y alertó de que al desproteger el humedal se desobedecía al Tribunal de Justicia de la UE. «La propuesta de Ley es un atropello (…) Aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañar más una zona ya gravee afectada por la sequía», critica el Gobierno.

El lenguaje bélico augura otro crudo enfrentamiento entre los gobiernos central y andaluz, mientras que la ciencia y la Comisión Europea advierten de los daños en una reserva ya muy deteriorada, con el mismo escenario de fondo: a pocos meses de las urnas —ahora municipales, hace un año autonómico—, la derecha ha primado el beneficio electoral de contar con unos 1.500 unubense agricultor que hoy riegan con pozos ilegales y cuyas fincas se convierten en regables, sobre las críticas que reciben por los daños al medio ambiente.

La posible invasión de competencia se fundamenta en que la Junta pretende garantizar que los ganaderos estén frescos, donde se ha reglamentado el cambiará la calificación del lenguado, dispondrán de agua, pesa a que el órgano que decide sobre los derechos de agua es el ministerio. La justicia se ha pronunciado en una treintena de sentencias para aclarar que precisamente el plan anterior de 2004 que ahora se tumbaría no invadía competente al contar con la opinión de los técnicos en aguas del ministerio, que ahora son ignorados.

El PP proclamó que su propuesta «no habla ni de Doñana ni de aguas, solo de ordenación del territorio». «Doñana es intocable», dice, y asegura que los recursos hídricos no saldrán del acuífero que nutre el Parque Nacional, sino de aguas superficiales. Para ello es necesaria una serie de obras que compiten a la Junta y también al Estado. «Si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones de diciembre, se celerarán», vaticinó el presidente del PP de Huelva, al reconocer el interés electoral de la propuesta. También se acepta como «mientras no haya aguas superficiales no se va a solucionar nada».

Para los ecologistas, la ley desprotege Doñana, sedienta en pleno invierno: «Es una pura cobardía el procedimiento para modificar el plan de 2004 [de la corona forestal, denominado plan de la fresa] y rebajar los formularios sectoriales porque serían negativos. Es inaudito confeccionar una ley singular para esto”, critica Juan José Carmona, coordinador de WWF en Doñana.

También en contra del plan está Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), que representa al conocimiento científico sobre la reserva y su precaria evolución actual. “Legalizando unos usos de agua que son ilegales se genera un gran problema que solo ampliará la complejidad. Es un engaño a los propios agricultores, se está hablando de un recurso de agua que no existe”. La pregunta es cómo llegará la información sobre la disponibilidad del agua a los agricultores de la zona.

La clave es que la propuesta de ley sustituye una acción de regular un territorio concreto que siempre ha ejercido la Junta andaluza mediante un procedimiento administrativo. A través del Parlamento, los populares y Vox evitan a todos los expertos que advertirían de la dificultad de justificar une deterioro del suelo en un área tan tensionada y cartografía como el entorno de Doñana, donde cada hectárea tiene una clasificación y un color sobre el mapa .

Y sobre todo, los populares, que gobiernan con la mayoría absoluta, eluden la cascada de informe de la Junta y ajenos: el Consejo de Participación de Doñana, los dictámenes del ministerio y los ayuntamientos de la zona, su propio estudio de evaluación ambiental, informe de otras consejerías afectadas, el período de alegaciones que pueden presentar los agricultores de la zona perjudicados por los nuevos derechos de agua concedidos…, además, la ley tramitada por vía de urgencia y quizás se apruebe antes de agosto.

La defiende que el plan actual es distinto del 2022 ya no daría aguas subterráneas porque a los agricultores que hoy son ilegales con suelo no regable, sino que serían superficiales y respetaría al acuífero sobreexplotado. La ley convertá las nuevas fincas en suelo «preferente» y los agricultores hoy ilegales podrían tener prioridad sobre otros con derechos de agua, pero con el grifo hoy cortado por la sequía. «A los demás, esto nos mata», se lamentó uno de ellos que pide anonimato.

PP y Vox presentan el texto sin cartografía para evitar señalar de antemano a que fincas beneficiaría la medida y han eliminado el número de hectáreas que podrían verse beneficiadas, como en la propuesta registrada en la legislatura pasada, pero mostró que rondan las 1.600 hectáreas, según confirmaron el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, y el presidente del PP de Huelva y el diputado, Manuel Andrés González. En la propuesta se ha incorporado la creación de una farmacia técnica que revisa «caso por caso» si los terrenos pueden ostentar la consideración de regables. Si consiguen el visto bueno, «podrán reclamar» agua a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre el que la Junta no tiene competencias. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul reconocen que es «una cuestión política». Este viernes el consejero, Ramón Fernández-Pacheco, tenía previsto participar en un besapiés en la imagen de Jesús Cautivo de Medinaceli en Almería, pero lo ha cancelado a última hora.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente de Transición Ecológica, repite a menudo que no hay más agua que reparter, realidad que está plasmada en su Plan Hidrológico que abarca hasta 2028, y que rechaza la posibilidad de que más agricultores llamen a su puerta en busca de agua para cultivos de regadío intensivo.

La oficina técnica es una de las reivindicaciones del PSOE de que los populares han incorporado al texto, aunque los socialistas niegan que hayan pactado nada con el PP. Tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica se siente involucrado con la propuesta. Las dos reuniones que el consejero Fernández-Pacheco mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, terminaron sin acuerdo después de que este último pidiera sin éxito su retirada.

Los populares aseguran que han incluido la reclamación del ministerio sobre la ley forestal. “Hemos hecho un corta y pega”, dice González. La Junta también mantuvo una reunión en Bruselas con el director de Biodiversidad, Humberto Delgado, el pasado 8 de febrero a la que sistieron el viceconsejero, Sergio Arjona, y el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo.

El PSOE, en nota de prensa, reprochó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que «vuelva a esconderse tras su grupo parlamentario y no asuma su responsabilidad» sobre los regadíos en Doñana. Los socialistas reclaman al mar el Gobierno regional el que presenta un proyecto de ley que exige una serie de informes preceptivos y el dictamen favorable del Consejo de Participación de Doñana donde están todos los sectores afectados. También piden “la creación de una comisión bilateral de la mesa técnica con el Gobierno de España, que también tenga competencias en la cuestión del agua, que es la clave”.

Ante este panorama repetido, es de respetar la respuesta de la Comisión Europea, que hace un año ya advirtió a España de nuevas multas para infringir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que había requerido proteger Doñana para que la Se recuperará la biodiversidad y vio que la dirección de Andalucía era la opuesta.

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