“Estamos trabajando todas las opciones posibles. No vamos a permitir un solo retroceder en los derechos y libertades de las mujeres”, dijo el Ministro de la Presidencia, Flix Bolaos
El Gobierno sigue decidido a poner el foco en la polémica Castilla y León a raz de un supuesto protocolo contra el aborto que anunci y abander el vicepresidente de Vox en esta comunidad, pero que das despus, y tras la crisis abierta y las criticas, desminti el presidente de esta regin, el popular Alfonso Fernández Maueco.
Pese a ello, y toda vez que el Ejecutivo se queja de que no tiene por escrito este nuevo protocolo, que no sabe en qu consiste, aprueba este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y Len en relación con cualquier actuación que vulneren o menoscaben la Ley del aborto.
Se trata de la segunda actuación qu’acomete el Gobierno en apenas unos das respecto a Castilla y León. Primero fue el envo por parte del ministerio de Sanidad de un requerimiento para que no applis las nuevas medidas sober el aborto, advirtiendo de que el Ejecutivo «utilizar todos los mecanismos que el ordenamiento jurdico pone a su disposicin para la defensa de la libertad de las mujeres y su derecho ha interrumpido voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente».
Ahora el Consejo de Ministros da un paso más con este requerimiento de incompetencia respecto a las medidas antiaborto que, segn explican desde el Gobierno, se refiere a sus actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de va de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta celebra un plazo de un mes para contestar.
«Todas las opciones posibles»
Esta decisión es el previo a cualquier conflicto de incompetencias al Corte Constitucional. Según el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el requerimiento de incompetencia podrá se dentro de los dos meses siguientes al da de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entienda Viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación y acudiendo directamente al Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autónoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso.
«Desde el Gobierno estamos trabajando todas las opciones posibles. No vamos a permitir un solo retroceder en los derechos y libertades de las mujeres», ha manifestado el ministro de la Presidencia, Flix Bolaos, que vera que el Ejecutivo trabaja «en distintas líneas de actuación» y que adoptar «todas las medidas legales que tengamos que adoptar». Efectivamente este requerimiento de incompetencia es para que «en el caso de que la Junta no de una cumplida respuesta inicie acciones ante el Tribunal Constitucional».
En el Ejecutivo se quejan de que an ni siquiera tienen el protocolo, que nadie lo conoce y no es accesible. Slo saben de las declaraciones de Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, de Vox, y por tanto desconfan del desmentido posterior de Maueco. Justifican estas actuaciones porque precisamente no saban de la textualidad del documento y porque el vicepresidente de la Junta anticip que entrara en vigor este mismo lunes y Maueco habl de nuevas medidas. «El Gobierno acta con contundencia ante unas declaraciones».
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