El Gobierno resiste aclarar si concederá el parcial indulto que ha solicitado al principal condenado por el ‘caso cuñada’, Francisco Javier Gutiérrez Orúe. El exfuncionario del Concello de Vigo, condenado a 5 años y tres meses de prisión en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, fue considerado el principal responsable de firmar las facturas que permitieron el enchufe en un contrato municipal de Vanesa Falque, la cuñada de Carmela Silva. Cinco años cobrando sin ir a trabajar. Más de 100.000 euros malversados.
Este miércoles fue preguntada nuevamente por esta cuestión a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Como en ocasiones anteriores, no aclaró si se concederá o no la medida de gracia y señaló que su departamento “tiene criterios claros”. “Se aplican razones de justicia, de equidad, de utilidad pública y de interés superior de los menores”, dijo. Y al mismo tiempo trazó «líneas rojas»: no se conceden en casos de «corrupción, violencia de género, delitos contra el medio ambiente y de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar». Pero sobre el particular, preguntada por el diputado popular Diego Gago, Llop no pronunció ni media palabra.
Gutiérrez Orúe no ha entrado todavía en prisión para cumplir su pena porque, precisamente, la Audiencia de Pontevedra la suspensión mientras se resolvía su solicitud de indulto. El exfuncionario remitió al Ministerio de Justicia la petición de esta medida el 12 de diciembre de 2021. El 28 de enero de 2022, la defensa de Orúe solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, y la Audiencia dio traslado a las partes para que hablará
La plataforma Xuntos por Galicia, denunciante del caso, se opone radicalmente tanto al indulto como a la suspensión de la ejecución. La Fiscalía, sin embargo, la preferiría pero condicionada a que fuera “solo por un año, tiempo en que caducará el expediente del indulto”. El escrito del Ministerio Público de fecha 16 de febrero de 2022. El año ya se ha cumplido. La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra todavía resolvió a final de abril del año pasado su resolución favorable a que Orúe pudiera esperar el indulto en su casa. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada.
año cumplido
A comienzos de marzo Xuntos por Galicia volvía a llegar a la Audiencia para interesante por la situación de Gutiérrez Orúe, toda vez que la solicitud de indulto debe intentarse por desestimada, al haber transcurrido más de un año sin que se tengan noticias de su concesión. Este es el plazo que, según la jurisprudencia, suele concederse de margen antes de considerar desestimada una petición de este tipo, indicada en su escrito el abogado de la plataforma.
Por el momento, la Audiencia no ha impugnado al requerimiento de Xuntos. Lo último que se supo de los magistrados de la Sección Quinta – que juzgaron el ‘caso cuñada’ en primera instancia-era que ellos también se opusieron a la concesión de la medida de gracia. “No existe motivo alguno, fuera de la discrecionalidad, para que resulte vana la condena impuesta” a Orúe, del que recuerdan que “no vino a reconocer en ningún momento la culpabilidad de los hechos que se imputaban”. “No debe ser beneficiario de ninguna forma del derecho de gracia«condenación.
The Fiscalía también se opuso al indulto, e incluso fue más allá al desacreditar membresías Es que formulamos un filón de asociaciones vecinales y culturales de Vigo, y que fueron incorporados en su solicitud por los abogados de Gutiérrez Orúe. «Se infiere la mayor capacidad del penado para buscar apoyos derivados seguramente del poder que ha ostentado y de la función pública que ha desempeñado», matizaba el ministerio público.
Y sobre el contenido de los adhesivos -una misma plantilla idéntica en la práctica totalidad de asociaciones, como reveló ABC-, señala que “obvia de forma sorprendente que el penado no ha sido una conducta oficial irreprochable Durante un largo período de tiempo, no se trata de un hecho aislado ni de una conducta puntual”, sino que se prolongó cinco años.
El otro condensado, Ramón Comesaña, vio también suspendida su pena de prisión de un año y seis meses. Al ser baja a los dos años, la Audiencia aceptó la suspensión por el exapoderado de la contrata qu’enchufó a la cuñada de Carmela Silva.
