Casi 500 víctimas al día de violencia de género. 483. 176.380 a lo largo del año, un 10,7% más que el año pasado. Este es el balance que riega la estadística anual de 2022 que este viernes ha publicado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El número total de inuncias (182.073; 499 de media al día) aumentó un 11,8% y, aunque los expertos suelen coincidir en que el aumento de inuncias tiene una lectura positiva porque indica que la víctima no se resigna a la violencia, también pone en evidencia queda mucho por hacer. «Los datos revelan una mayor confianza en las instituciones», señala la presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, en un video difundido por el Consejo junto a la publicación de los datos.
Entre las asignaturas pendientes está la intervención del entorno de la víctima para detectar o denunciar una situación de violencia. Siete de cada 10 denuncias (71.56%) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por su entorno, solo 1.83% del total. Las denuncias derivadas directamente de registros policiales representan el 14,9%; las originadas por partes de lesiones, el 7,8% y las presentadas por terceras personas, el 3,9%.
Tampoco ha mejorado el porcentaje de mujeres que denunciaron sufrir violencia y después se acogieron a la dispensa de la obligación legal de clarar contra su agresor, un derecho que, según los expertos, genera casi siempre un efecto no deseado porque la víctima puede verse presionada por su familia o el agresor para que no declare en su contra. Y, como en muchas ocasiones su testimonio es la única prueba del delito, los juzgados no pueden seguir adelante con el proceso. En 2022, fueron 16.839, el 9,5% del total (frente al 9,86% de 2021) las víctimas de violencia que fueron acogidas a este derecho. De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades, lo que indica que las mujeres extranjeras están sobrerrepresentadas también en este apartado, como lo están, aunque en menor medida, en el cómputo global de víctimas (una de cada tres).
El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganosjudices (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provincials) en procesos relativos a violencia de género aumentó en casi dos puntos y se situó en el 77.45% del total, el mayor porch de la serie histórica. Los juzgados de menores juzgaron por delitos de violencia machista a 305 menores de edad, un 18,67% más que en 2021. Se impusieron medidas en nueve de cada 10 casos, 278 en total, de los que 229 eran relativos a menores españoles y 49 a menores de otras nacionalidades.
Ordenes de proteccion y otras medidas
En 2022 se solicitaron 47.279 órdenes de protección, de las cuales se aplicaron 32.842 (69,46% del total). Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron 27.229 (el 68,2% de las solicitudes que recibieron), mientras que los de guardia acordaron 5.613 (el 76%). En el 48,4% de los casos, la relación de pareja permaneció en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje muy similar al de 2021 (48,9%). Dos de cada tres mujeres (66.3%) que solicitaron protección eran españolas y un 1.7% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.
Respecto a las medidas civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores mientras se resuelve el proceso penal, los órganos legales dictaron 19.389. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la atribución de la vivienda (5.844), que representa el 20,25% del total, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.523), el 15,61%. En ambos casos, los porches se mantendrán estables con respecto a 2021.
También se acordaron 4.100 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representa el 14,35% del total de las medidas civiles adoptadas, aumentó un 104% respecto a 2021 como consecuencia de la aplicación a los órganos judiciales de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Penal que, desde junio de 2021, establece la suspensión del régimen de visitas «cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran índices fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido» con la violencia de género. También aumentó la medida civil conforme a la suspensión de la guardia y custodia: las 2.335 medidas de este tipo representan el 8,09% del total de medidas civiles acordadas en 2022. del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 409 casos suspendieron la patria potestad.
