Últimamente se entregó a la justicia guatemalteca Alejandro Sinibaldi, un operador político y empresario que fue parte de las primordiales cabezas de una estructura delincuente que se legalizó como partido político y que hizo gobierno entre 2012 y 2015. Su atrapa tiene la importancia de ser una pieza más que desvela las extensas y profundas redes que controlan al Estado guatemalteco.
En su calidad de operador de alto nivel a cargo del Ministerio de Comunicaciones, realizó negociaciones anómalas con empresas multinacionales como Odebrecht, caso paradigmático de de qué manera dichas negociaciones se hicieron por toda Latinoamérica con concesiones estatales de forma fraudulenta y criminal: práctica que es replicada por empresas locales que han actuado del mismo modo, conforme refiere exactamente el mismo Sinibaldi.
Alén del conjunto de delitos cometidos por Sinibaldi, lo que evidencia este caso es la forma en que operan factores de poder económico y político que, coludidos, se relacionan para asegurar el mantenimiento de políticas estatales que apuntalan el actual modelo de acumulación de capital. Entre otras muchas, por medio de la concesión de obras públicas sobrestimadas a empresas que se comprometen a cumplir con pagos de coimas, financiamiento de campañas políticas, etc.
Exactamente el mismo Sinibaldi, además de indicar empresas y a otros operadores empresariales y políticos, refiere que para lograr concesiones y otras ventajas para el saqueo de los recursos públicos fueron compradas más de doscientos cincuenta voluntades de políticos y funcionarios de alto perfil. Dicha compra no solo correspondió a personas que formaban una parte de relaciones corruptas ocasionales, sino más bien, en especial, a quienes integraban estructuras y redes organizadas para tal efecto. Entre tales políticos y funcionarios se hallan varios que están presos desde 2015, entre ellos un expresidente y una ex vicepresidenta, así como múltiples ex miembros del Congreso de los Diputados y candidatos presidenciales, aunque también otros que hoy ocupan cargos públicos por elección popular o por nombramiento en las altas esferas de los tres organismos del Estado.
[Según Sinibaldi], para conseguir concesiones y otras ventajas para el saqueo de los recursos públicos fueron compradas más de doscientos cincuenta voluntades de políticos y funcionarios de alto perfil.
Los hechos en los que participó Sinibaldi y con respecto a los cuales es confeso son una patentiza más no solo de estructuras criminales que operaron y controlaron campos nodales de la institucionalidad y de la política pública, sino más bien asimismo de que estas siguen siendo una parte de la conducción del Estado. Esto explica las orientaciones y los cursos de las primordiales instituciones del Estado guatemalteco, que evidencian la reproducción y profundización de privilegios, la adquisición y toma de la justicia y el avance de una agenda legislativa conveniente a intereses ajenos al bien común.
Es por esta razón bastante difícil esperar que, en esta coyuntura y con la presente correlación de fuerzas políticas —en buena medida favorable a estos intereses—, se pueda avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y en una reforma política que busquen asegurar mejores condiciones para ejercer la justicia, revertir la tendencia antidemocrática y avanzar hacia que predominen mínimas condiciones democráticas y políticas basadas en el interés público. Sin embargo, estas han de ser ciertas metas mínimas tras las cuales debería perseguirse una articulación social y política que empiece a quebrar la actual relación de fuerzas, paso sin el que será imposible frenar el avance del autoritarismo, que afecta la defensa de derechos, las garantías de justicia, la preservación del ambiente y, normalmente, la solución a los arduos problemas nacionales.
En este contexto, además, se busca lograr políticas alternativas para enfrentar la actual pandemia de covid-diecinueve y los graves impactos de la crisis multidimensional que experimenta el país.
