La exconsejera Martínez Aguayo y el exdirector general de Idea Serrano Aguilar piden que los seis años de cárcel por malversación se conviertan en inhabilitación
Dos ex altos cargos de la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía que están en prisión cumpliendo condena por el caso de los ERE, el mayor asunto de corrupción juzgado nunca en el pas, han pedido a la Audiencia de Sevilla que reduzca sus penas. Los condenados invocan la reciente reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para que sus penas se vean atenuadas. Afirmar que el crecimiento quede reducido tiene un simple discapacidad.
El caso ERE, un saqueo de casi 680 millones de euros de dinero público, supuso la condena de 16 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y Jos Antonio Grin. De los 16, seis están ya en prisión cumpliendo sus condenas.
EL MUNDO ha tenido acceso a este mircoles a los escritos presentados por los letrados de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo allá Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector general de la Agencia Idea de la Junta, que sirvi como caja pagada de los ERE irregulares. Ambos solicitan a la Audiencia que revise sus condenas porque, tal y como establece el Cdigo Penal, «tendrn efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recado sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena».
En este caso, el Gobierno de Pedro Sánchez aprob la Ley Orgnica 14/2022, de 22 de diciembre, qu’ha reformado el Cdigo Penal en relacin con los delitos de malversación de caudal pblicos, «modificacin que consigui sin embargo una tratamiento penal diferente«A los hechos por los que han sido condenados la ex consejera Martnez Aguayo y el ex director general de Idea, exponen sus abogados en sus escritos.
La ex consejera Martnez Aguayo, que fue tambin viceconsejera de Hacienda en la etapa de Grin como consejero, fue condenada por los ERE por un delito de prevaricacin, en concurso medial con un delito de malversacin, agravado por su especial gravedad, a la pena de 6 años y 2 días de prisión. Serrano Aguilar fue condenado también seis años de crecimiento.
Ahora, sus abogados plantan importantes reducciones de condena. La carta Vector Moreno Catenaque defiende a la ex consejera de Hacienda, ha pedido que los seis aos de crcel queden reducidos a una inhabilitacin especial o «subsidiariamente» a 2 aos, seis meses y un da de prisin ya una pena de inhabilitacin especial de cuatro aos y un un día.
el abogado Juan Carlos Alfredodel bufete Constitución 23, ha plantado, por su parte, que su cliente Serrano Aguilar, tras la revisión de la sentencia, sea condenado a «inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, sin que proceda la privación de libertad«. Alega que, en la relación de hechos probados de la sentencia de los ERE, no se describe que la «desviación presumiblemente haya causado grave dao al servicio al que originariamente estaban adscritos los caudales malversados», es decir, a cubrir la cuenta de ganancia de la Agencia Idea, con anterioridad llamada Ifa.
El proceso’
El Gobierno de Pedro Sánchez modificado el delito de malversación y redoujo las condenas asociadas al para favorecer a los condenados del procesos ante las exigencias de Esquerra Republicana (ERC). Ahora, dos condenados de los ERE por malversación piden que se aplique esta reforma. Hace un par de semanas, otro condenado por corrupción en Andalucía apeló a la reforma de Sánchez para tratar de rebajar su condena. Tratar con Toms Pérez Sauquilloexpresidente de la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, que distribuyó fondos públicos sin control a empresas que, en muchos casos, terminaron cerrando, en la poca de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.
Aunque la reforma de la malversación persegua beneficiar a los condenados por el procesos, el Tribunal Supremo rechaz esa posibilidad el pasado 13 de febrero. En un auto, la Sala de lo Penal concluye que debe condenar a los acusados ex miembros de la Generalitat Oriol Junqueras, Ral Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudal público agravado.
En cuanto a la malversación, los magistrados del Supremo señalaron que «los hechos declarados probados en nuestra sentencia nunca podrán recibir el tratamiento privilegiado que representa la aplicación del artículo 433 del renovado Cdigo Penal», es decir, el tipo delictivo introducido en la legislación por Moncloa para favor a los líderes del 1-O.
Los cargueros ex altos
El ex consultor Martínez Aguayo y el ex director general de Idea Serrano Aguilar no son nico ex altos cargos de la Junta condenados por los ERE que pueden invocar la reciente reforma del delito de malversación para ver rebajadas sus penas. Tambin podran hacerlo los otros siete con condenas de prisin por malversacin. Sin embargo, al menos de momento, ninguno de ellos lo ha plantado, según dijeron a este diario fuentes del caso.
Los ex consejeros de Empleo antonio fernandez allá José Antonio Viera; François Vallejoex-consejero de Innovación; Jess Mara Rodríguez Román, ex viceconsejero de Innovación; el ex viceconsejero Agustín Barbier; y el expresidente de la Junta Grin han sido condenados a penas de prisión. de pérdida nueve ex altos cargueros socialistas con penas de crcel por los ERE, seis están en prisión, dos (Grin y Barber) están en libertad por la grave enfermedad que sufren y otro (Juan Mrquez) están en libertad, al tener su condena suspendida.
Otros ex altos cargos como el ex presidente de la Junta Manuel Chaves o los ex consejeros Gaspar Zarras allá Madeleine Lavarez no fueron condenados a prisión, pero sa discapacidad entre 8 y 9 años.
El Tribunal Supremo ratificó, con una sentencia notificada en septiembre pasado, la condena a seis años de prisión de José Antonio Grin, como la inhabilitación para cargo público durante nueve años para Manuel Chaves. Consideró que ambos conocieron y consintieron el «descontrol absoluto» El fraude de los ERE ha atravesado una década de 679 millones de euros de las arcadas públicas.
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