Las conversaciones entre el empresario valenciano José Santiago Suárez y el consiguió galdense Antonio Navarro Tacorontedos de los principales investigados en caso Mediador, compromete el futuro de francisco espinosa navas, mayor general retirado y ex coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, que desde el martes de la semana pasada está en prisión temporal por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, falsificación y pertenencia a organización criminal.
En una de estas conversaciones telefónicas, que el pasado año 12 de 2021, Suárez explicó a Tacoronte cómo ha llevado su negocio de drones hasta los países africanos en los que Espinosa dirigía las misiones de cooperación. «Todo lo que hago con África es a través del ‘Papá’, ¿vale?», el dado el empresario sabía interlocutor. Luego alude al «contrato» que tiene «ahí metido con el Ministerio o sea con la Fundación».
«Papá» es el apodo con el que nombran a Espinosa en sus conversaciones, a quien se refiere también como «mi general» o «el viejo». Los negocios reseñados son cuatro contratos adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp)que gestiona el proyecto europeo liderado por España formar Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel.
El programa Gar-si Sahel está liderado por Espinosa desde 2017 hasta el 21 de enero de 2021, fecha en la que se jubila. La magistrada instruida por la causa en Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceresha reclamado cuatro contratos por valor de 2,3 millones que la fundación adjudicó entre 2020 y agosto de 2021 para dotar de recursos a las misiones de Mauritania, Níger y Mali.
Conexión con el Gobierno de Sánchez
En este contrato, que estaban divididos por lotes de materiales, si resultaron beneficiados por los drones del empresario valenciano, que es amigo del general de división Espinosa. La juez sigue esa conexión, incluida una cuenta secreta en Bélgica, hasta llegar a la fundación que gestiona el proyecto africano, una organización que está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, dos ministros y 14 secretarios de Estado como vocales.
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Senador del Partido Popular de Gran Canaria, Sergio Ramos, solicitó la comparación en la Cámara Alta de Calviño para explicar los premios de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiaap). «Los hechos investigados son tan graves que requieren la comparcencia de la vicepresidenta para arrojar luz a uno de los presuntos casos de corrupción más sangrantes de los últimos años en nuestro país», asegura el senador.
El juez también indaga en las relaciones de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez con otro de los investigados. Se trata del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentesexpulsado del PSOE junto a su sobrino Taishet Fuentes por sus implicaciones en la trama, especializada en el cobro de comisiones y mordidas a empresarios a cambio de evitarles inspecciones en sus negocios (ambos fueron directores de Ganadería del Gobierno de Canarias), o de facilitarles su asentamiento en la area especial canaria, como quería hacer el empresario valenciano con sus drones. El exdiputado Fuentes, además, fue portavoz adjunto de la comisión de Hacienda y Función Públicacuya subsecretaria también integra la fundación que adjudicaba los contratos para las misiones de Espinosa en el Sahel.
