Las propuestas antiabortivas lanzadas este jueves por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), han sido desmentidas por la Consejería de Sanidad y por parte del consejero de la Presidencia, el popular Jesús Julio Carnero, quien ha subrayado la “ absoluta voluntariedad” para “embarazadas y profesionales” de las medidas de fomento de la natalidad y apoyo a las familias. Ha recalcado que «en ningún caso se va a obligar» al personal sanitario «a tomar una decisión en contra de la ley».
Gallardo anunció que habrá una disposición de las embarazadas, tanto con voluntad de interrumpir la gestación como de seguir con ella, la posibilidad de escuchar el latido del feto, obtener una ecografía 4D del mismo o asistencia psicológica si la precisa. El vicepresidente agregó que sería «imperativo» que los sanitarios proponen esta triple posibilidad a las mujeres. El desmentido de Carnero suma a fuentes de la Consejería de Sanidad, qu’ya han matizado este viernes que la escucha del latido fetal y los otros recursos se realizarán solo bajo prescripción médica y no serán de ofrecimiento obligatorio. Gallardo, a cambio, ha insistido este viernes por la mañana en que las medidas estaban “obviamente consensuadas” con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, del PP.
Vázquez dijo a Efe que las relaciones con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), su hijo son «excelentes» y considera que únicamente existen unas «pequeñas matizaciones» de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto anunciadas ayer tras el Consejo de Gobierno.
El posicionamiento ahora de las consejerías de Sanidad y Presidencia contrasta con la actitud ayer de otro alto cargo del PP, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta y titular de Economía y Hacienda, que acompañaba al vicepresidente en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. Carriedo escuchó sin alterarse ni reaccionar el anuncio del líder de la extrema derecha, que gobierna la comunidad en coalición con el PP. El presidente de la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco, no se ha pronunciado ante el anuncio de su socio ni tras la amplia polémica nacional. García-Gallardo ha contestado con un «por supuesto» este viernes cuando se le ha preguntado si sus iniciativas estaban consensuadas con Sanidad, y ha invitado a quien crea que su proyecto supone una coacción o presión hacia las mujeres a que «denuncia».
La dirección del PP nacional no quiso el jueves entrar a valorar la medida. Fuentes de Génova alegó que «no pueden evaluar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos». Pero este viernes, el portavoz de la campaña del comité del partido, Borja Sémper, ha afirmado que su partido no está de acuerdo con la propuesta de Vox sober el aborto y ha advertido de que no están dispuestos «a tragar con cualquier cosa». «El PP cuando no esté de acuerdo, lo va a decir y va a rectificar las políticas que consideramos que son equivocadas», ha asegurado, en una entrevista en Antena 3 recogida por Efe.
Las fuentes de la consejería de Sanidad insisten en que todos los recursos se ofrecerán siguiendo estrictos criterios médicos y reiteran que no se obligará a ningún facultativo a que ofrezca ese paquete de posibilidades a las gestantes, al contrario de lo que dijo Gallardo conjunta en su comparecencia con Fernández Carriedo. El procurador de Ciudadanos, exvicepresidente de la Junta y médico de profesión, Francisco Igea, aconsejó en EL PAÍS que forzar a los sanitarios puede ser ilegal y que esta presión antiabortiva está tipificada en el Código Penal tras su última reforma. El texto oficial de la junta describe que a las embarazadas que lo necesiten se pondrá a disposición un psicólogo que las atención, algo cuestionado por el PSOE en la sesión parlamentaria del jueves ante las largas listas de espera en el territorio en materia de salud mental. También se explica que las mujeres pedirán escuchar el latido del corazón del feto, algo que Gallardo ensalzó como vía para elevar la “implicación emocional” hacia el feto. La otra forma de que te plantes en las embarasadas consiste en acceder a una ecografía 4D en las primeras semanas de gestación, para que Sanidad rechace asegurando que solo se las aplique a las mujeres cuyo feto pueda sufrir algún riesgo. El vicepresidente también alertó sobrio una supuesta existencia de «listas negras» contra los médicos objetores de conciencia, algo que las fuentes de Sanidad también desmienten.
García-Gallardo confirmó el jueves que sus proyectos establecidos fueron «negociados y acordados» con Sanidad y su representante, Alejandro Vázquez, que rechazó esperar a EL PAÍS alegando problemas de agenda. El alto cargo aseveró que los doctores quedarían obligados a brindarle esas tres posibilidades a los pacientes, pero reconocía quellas elegirían qué hacer: «No se las va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quieren». El Ministerio de Igualdad y otras voces feministas han denunciado que la sola oferta de esas alternativas supone una presión sobre las mujeres ante un momento crítico como decidir interrumpir su embarazo. Para el directo de Vox, mantener una gestación es una decisión «natural y propia» contra el «drama» y la «tragedia social» de abortar, que «deja huella en las mujeres».
