Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) hizo seguimientos en 2013, en pleno desarrollo de la funcionamiento de la cocinaNotario José Manuel Villarejo, según especifica la memoria de actividades de esta unidad policial, entonces dirigida por el comisario principal Marcelino Martín-Blas. Este documento, que fue aportado a la Fiscalía Anticorrupción el 10 de enero, está clasificado como confidencial. En él se especifica que Rafael Redondo, socio minoritario del comisario jubilado en su empresa Cenyt, también fue objeto de seguimientos. El escrito, cuyo contenido ha sido consultado por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, también fue aportado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Manuel García Castellón, rechazó la incorporación esta prueba a la causa habida cuenta de los cuales la instrucción ya ha sido finalizada.
El caso Kitchen, un operativo parapolicial al margen de la Justicia, se inició con la publicación de los papeles de Bárcenas por el diario El País el pasado año 2013 y consistió en un espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, que amenazaba con reconocer la existencia de un contabilidad paralela del partido cuyos fondos procedieron de donaciones irregulares. Por esta causa, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. También reclama para Martín-Blas dos años y seis meses de cárcel por un delito de encubrimiento, es decir, por no denunciar la operativa liderada por Villarejo. Sin embargo, envié los archivos de la investigación contra la presentación de la UDEF José Luis Olivera.
Detección de Asuntos Internos very actuaciones protagonizadas por Villarejo y su clan policial que justificaron los seguimientos al comisario y su socio, Rafael Redondo, según las fuentes consultadas. En abril de 2012, Martín-Blas se convirtió en sospechoso de que el comisario Enrique García Castaño, conocido con el alias de ‘El Gordo’, imputado en la Kitchen, y que en su puesto de jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) tenía acceso a las peticiones de intervenciones telefónicas, podría alertar a los agentes que eran objeto de una investigación. De hecho, además los diarios de Villarejo escribieron que Martín-Blas comunicado había sospechado estass a sus superiores.
Interceptación de teléfonos
El segundo hecho que levantó las sospechas contra el clan policial tuvo lugar el 3 de agosto de 2012, cuando la unidad que se encargó de investigar las posibles actuaciones lictivas de los agentes reclamó en un juzgado de Madrid la interceptación de los teléfonos de varios comisarios, entre ellos el de José Luis Olivera, persona de la máxima confianza de Villarejo. Asuntos Internos justificó su petición de incautación de las llamadas telefónicas de varios altos mandos por las continuas filtraciones policiales que se producen en el caso Gürtel.
También existía el ocultamiento de que algunos de los policías de Gürtel pudieron haber sido modificados de ma irregulare. Sin embargo, la Justicia se negó a intervenir los teléfonos de los comisarios. En su declaración como investigado en la Audiencia Nacional el propio Pino confirmó que esta petición de Asuntos Internos ahondó la disputa entre Martín-Blas y Villarejo.
La tercera sospecha que acordó Asuntos Internos de hacer seguimientos a Villarejo en 2013, en plena operación Kitchen, se originó a finales de 2012, tras estallar el caso Emperador, en cuyo sumario aparecían varios comisarios. Asuntos Internos reclamó el sumario e inició unas pesquisas, por las que la Fiscalía Anticorrupción presentó un litigio el 12 de marzo de 2014 contra el comisario de Barajas Carlos Salamanca, también de la máxima confianza de Villarejo, y otros funcionarios de Policía. Todos ellos fueron exento en noviembre de 2014 por el juego Ismael Moreno.
En este procedimiento también aparecía el número de un hijo de Villarejo, que no fue imputado. Ni el polémico comisario ni su hijo fueron investigados formalmente en la causa Sin embargo, la mera inclusión de ambos en un formulario policial inicia un enfrentamiento con Martín-Blas. Esta disputa fue denominada desde el entorno de Villarejo como «guerra de comisarios» en un intento de desacreditar la investigación de Asuntos Internos.
Amenazas de Villarejo
En el marco de esta disputa, Villarejo llegó a denunciar al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con desta par la operación Kitchen si no destituía a Martín-Blas. En una captura, el subdirector operativo (DAO) Eugenio Pino le confiesa a un jubiloso comisario que Villarejo también había amenazado con contar”una cosa que solo los tres sabemos, de un tal cocinero, que cocina…», en referencia a cooking (cocina), pero también a Villarejo ya García Castaño.
Esto trajo el reiteró el comisario jubilado por escrito. El 19 de enero de 2015 presentó ante la Dirección Adjunta Operativa (DAO) una queja, cuyo contenido fue adelantado por La Razón, en la que advertía de que si Asuntos Internos investigaba el tráfico de sus llamadas Marcelino Martín-Blas podria tener acceso a las conversaciones que habían mantenido “con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es Sergio López (Sic) (Cocinero)”. Según la investigación de Anticorrupción, Sergio Ríos Esgueva, el cambista de Bárcenas, fue capturado por los responsables de la operación Cocina, que reservó el pago de 2.000 euros a mis fondos.
fue despedido
noticias relacionadas
Marcelino Martín-Blas es destituido definitivamente en abril de 2015, aunque hubo varios meses más en la comisión legal qu’investigó el caso del Pequeño Nicolás, en el que acabó imputado Villarejo por la supuesta filtración de una grabación de una reunión con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El comisario jubilado fue absuelto en un juicio celebrado por estos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción consideró que el operativo Cocina lo organizó en 2013 «la cúpula del Ministerio del Interior» del Gobierno de Mariano Rajoy, «sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias» por «obtener tanto información como prueba de material que pudiera resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos directos» en el caso de Gürtel, lo que podría oponerse en el caso de Bárcenas, según consta en un reciente escrito de acusación presentado en la Audiencia Nacional.
