El grupo jurídico de la letrada Odila Castillo Bonilla lanzó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las imputaciones que han circulado recientemente en varios medios de comunicación en Panamá.
La defensa describió estos reportes como agresiones maliciosas, impulsadas por intereses económicos particulares y concebidas para perjudicar tanto la credibilidad profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carece de base y vulnera derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo jurídico de Castillo, afirmó que las imputaciones son infundadas y tienen como objetivo entorpecer la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que detrás de estos señalamientos se hallan intereses económicos encubiertos que pretenden aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer asalto mediático que padece la abogada. Hicieron referencia a un episodio similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta acerca de una supuesta detención de Castillo, la cual fue posteriormente desmentida.
Información incompleta y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se sustentan en «verdades incompletas», manipuladas con el fin de perjudicar el ejercicio profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se hicieron públicos datos sensibles como movimientos migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilícito y procesos legales en desarrollo
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente transgresión de su privacidad y un tipo de monitoreo ilegal. Carrillo destacó que se han pisoteado los derechos fundamentales de su representada, protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se llevarán a cabo todas las acciones legales requeridas para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se muestra decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes están detrás de esta campaña de deshonra.
