El Parlamento de Malta aprobó, el miércoles 28 de junio, una ley que autoriza por primera vez el aborto, pero en un solo caso, muy restrictivo: si la vida de la mujer corre peligro y el feto no es viable. Malta era, hasta ahora, el único estado miembro de la Unión Europea donde el aborto seguía siendo ilegal en todas las circunstancias.
El texto fue adoptado por unanimidad de los parlamentarios, luego de cambios de última hora impulsados por activistas contra el aborto. Los partidarios del aborto, por su parte, han declarado una oportunidad perdida para aprobar una reforma real.
En 2022, a una turista estadounidense que viajaba a Malta se le negó un aborto cuando su vida corría peligro. Tuvo que ir a España para interrumpir su embarazo. A raíz de este caso tan publicitado, el Primer Ministro, Robert Abela, propuso un cambio en la ley para autorizar el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro.
Este proyecto había sufrido fuertes críticas dentro de la oposición conservadora y de la Iglesia Católica, quienes consideraban que la redacción del texto era demasiado vaga.
Hasta tres años de prisión
La versión final especifica que si la vida de la mujer no corre peligro inminente, la decisión de abortar requiere la opinión de un equipo de tres médicos. Además, el aborto solo puede tener lugar si el feto no es viable (si no puede sobrevivir fuera del útero) y se han descartado todos los demás procedimientos médicos permitidos.
Prochoix denunció el texto, creyendo que la vida de más mujeres estaría en peligro. “Nos disteis esperanza, pero solo para volver a vuestros antiguos puestos”dijo el lunes ante una comisión parlamentaria Marcelin Naudi, académico y activista. «Retuvo la oportunidad de inculcar el cambio, pero le dio la espalda a los derechos humanos y los derechos de las mujeres»ella añadió.
A pesar de la prohibición total del aborto, los médicos del principal hospital de Malta han interrumpido embarazos en el pasado cuando la vida de la mujer estaba en peligro. Ningún médico ha sido procesado por este caso en los últimos años. Desde el punto de vista legal, corrían el riesgo de hasta cuatro años de prisión, mientras que la mujer que abortaba corría el riesgo de hasta tres años de prisión.
