En plena negociación con las asociacionesjudices y cuando faltan trece días para las elecciones, el Ministerio de Justicia ha decidido acudir a la llamada de auxilio del Tribunal Supremo, que ante la imposibilidad de que se cubran 22 vacantes de su plantilla (79), por la prohibición impuesta al Consejo General del Poder Judicial de hacer nombramientos, había vuelto a pedir refuerzos para su Gabinete Técnico.
Así, el departamento que dirige Pilar Llop ha aprobado este viernes, cinco meses, un programa de actuación para afrontar la sobrecarga de asuntos que sufren especialmente las Salas Tercera (Contencioso-Administrativa) y Cuarta (Social). El plan, que tendrá una duración de siete meses, está dotado con 781.738,20 euros.
Según informó el ministro de la autorización económica contemplada ocho comisiones de servicio con relevación de funciones para la Sala Tercera que «deberán ser cubiertas de forma preferente por magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de asistir a las secciones» de la citada sala. “Así, mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, se podrá incrementar el número de sentencias”, dice Justicia.
En el caso de la Sala Cuarta se han autorizado siete comisiones de servicio con relevación de funciones en este caso destinado de forma preferente a magistrados de la jurisdicción social para su colaboración en la escribir proyectos de oraciones y otros repetitivos o con jurisprudencia consolidada.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó en febrero solicitar al Ministerio que autorice la creación de 15 nuevas plazas de letrado para dar apoyo a esas dos salas que acumulan mayor número de vacantes y que si esta situación sin refuerzos dictaría sólo dure este año 1.230 oraciones menos.
A finales de marzo, el CGPJ comunicó a Bruselas que el Ministerio de Justicia le había avanzado qu’iba a “autorizar” los 15 letrados de refuerzo para el Gabinete Técnico del Supremo.
