contraSe descarta lo que durante mucho tiempo se ha considerado una mala palabra. La Unión Europea (UE) finalmente está madura para adoptar una política industrial. Una vez más, el progreso no sucedió por sí solo. Sin el acicate estadounidense de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), un gigantesco plan de subvenciones vinculado a la transición energética, los Veintisiete seguirían explayándose sobre los beneficios de la libre y sin distorsiones de la competencia, que ha sido uno de los pilares de la política europea construcción desde su creación.
El proyecto de ley para “una industria con cero emisiones” de gases de efecto invernadero, presentado el jueves 16 de marzo por la Comisión Europea, constituye una auténtica ruptura con esta fe intangible en las reglas del mercado. Para mejorar la competitividad en el Viejo Continente y no quedarse atrás en la carrera por las subvenciones de Estados Unidos y China, la UE acuerda dotarse a su vez de un arsenal para captar y retener inversiones.
Incluso si Europa niega haber adoptado una planificación sobre el modelo “Made in China 2025” lanzado por Xi Jinping, los Veintisiete están dispuestos a fijarse objetivos que se supone que motivarán los proyectos. Esto incluye poder fabricar el 40% de nuestras necesidades de tecnología verde, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050.
La idea es crear un entorno favorable para las inversiones en ocho áreas identificadas, desde paneles solares hasta bombas de calor y baterías. Para evitar este movimiento, el plan prevé un apartado sobre la reducción de la dependencia europea frente a países extranjeros para el suministro de materias primas críticas.
La necesidad de reinventarse
La UE no podía quedarse quieta frente a China y Estados Unidos. La ofensiva de estos dos países amenaza con convertir Europa en una gigantesca zona de consumo condenada a abastecerse del exterior para salir adelante en su transición energética. Si bien este despertar es saludable y comparable a las iniciativas comunitarias tomadas durante la crisis de Covid, desde el comienzo de la guerra en Ucrania y, más recientemente, en la industria de los semiconductores, el éxito de la iniciativa no tiene nada de obvio.
Es innegable que relajar las normas sobre ayudas estatales y simplificar los procedimientos administrativos permite recuperar el atractivo del espacio europeo. Pero una decisión de inversión también se basa en otros criterios, como el precio de la energía, de tres a cinco veces superior en Europa que en Estados Unidos.
Entonces, si en términos de dinero público puesto sobre la mesa, los Veintisiete no tienen motivos para avergonzarse de lo que propone el plan de Biden, la visibilidad que ofrece el sistema estadounidense de subvenciones para un industrial es inigualable.
Sin una política fiscal y un presupuesto comunes, a los europeos siempre les resultará difícil competir. Aunque los objetivos se hayan fijado a nivel comunitario, el apoyo público será a nivel nacional, con el riesgo de dispersión y captura del grueso de las ayudas por parte de los países más ricos. De hecho, la Comisión ha adoptado medidas para corregir los efectos secundarios gracias a mecanismos para que las regiones más pobres no se queden en el camino. Pero esto corre el riesgo de empañar la legibilidad de la política industrial y relativizar el movimiento de simplificación que exige.
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Al pasar de perder la batalla ideológica a favor del multilateralismo y la competencia, Europa no tiene más remedio que reinventarse. Pero, ¿podrá hacerlo sin cambiar su ADN?