El Gobierno Andaluz cambiará el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) paraca centralizar todas las compras sanitarias de junio Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, tras celebrarse el habitual Consejo de Gobierno de los martes. El nuevo sistema de compras se acelerará siempre que haya trascendido que la Consejería de Salud estuvo utilizando para sus contratos sanitarios un decreto covid qu’allowe la Vía de Emergencias y Menos ControlesPesa que este marco estatal fue derogado en mayo de 2021 y en Andalucía se tumbó hace un año, tal y como avanzó ‘El Diario.es’.
La Consejería de Salud se ha convertido en el epicentro de los problemas del Ejecutivo de la mayoría absoluta del PP en Andalucía. El Gobierno defendió que todos esos contratos se hicieron «dentro de la ley», de conformidad con la ley de contratos del sector públicocontaron con «el aval” del gabinete jurídico y fueron fiscalizados por la Intervención de la Junta y, en los casos en que fueron requeridos, por el Tribunal de Cuentas. «No hubo discrecionalidad», defendió el portavoz del Gobierno. los contratos están colgados en el Portal de Transparencia», dijo el Ejecutivo autonómico.
La normativa aprobada durante la pandemia habilitaba al Servicio Andaluz de Salud para agilizar los contratos sanitarios, para la compra de bienes y suministros, en momentos de tensión por el covid. El limpio abuso de la puerta trasera para la vía de emergencia finalizó en marzo de 2022 por mandato de la Consejería de Hacienda, que entonces encabezaba Juan Bravo, actual vicesecretario de Economía del PP, que dio una instrucción al respecto. El Parlamento convalidó esa excepción en mayo de 2022aunque el marco estatal qu’allowía los contratos de emergencia llevaba ya un año fuera de juego, se canceló en mayo de 2021.
La normativa andaluza quedó derogada de forma parcial, al sentir que “en la situación sanitaria actual” habían “ya entrado en competencia con las áreas que en poco tiempo requerían la aprobación de las medidas excepcionales establecidas”. Aunque se dejó una rendija, según figuraba en la referencia del Consejo de Gobierno, señalándose que Este mecanismo extraordinario seguía siendo «legítimo” aplicando la tramitación de emergencia previsto en el artículo 120 de la ley de contratos del sector público (9/2017).
Una via urgente ya derogada
Al derogar esta normativa covid, el Gobierno se enfrentó a una oposición que preguntaba sobre por que se habían dado 21.668 contratos de emergencia ha dedo por valor de 1.600 millones de euros entre 2020 y 2022. La respuesta fue tumbar ese marco legal y garantizó que se volvía a la vía ordinaria de contrataciones del sector público, con transparencia y concurrencia competitiva. Pero no ocurrió así en todos los casos. Salud siguió utilizando esa puerta de atrás para continuar prorrogando, entre otros, contratos con clínicas privadas para derivar pacientes en listas de espera. Hasta 117 millones se adjudicó una norma y derogada, según figura en el Portal de la Transparencia. El acuerdo de emergencias tenía la firma del entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, hoy viceconsejero de Salud. La actual titular de la cartera, Catalina García, fue nombrada viceconsejera y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, máximo responsable del área durante la pandemia.
Hasta junio de 2023, cuando se adjudique definitivamente el actual sistema de contratación, se adjudicarán a través de este mecanismo un total de 243 millones de euros. El Consejo ha actualizado los contratos colgados en el portal de transparencia una vez que ‘El Diario.es’ apuntó en sus informaciones a Salud. El portavoz del Ejecutivo anunció que se pasará a un sistema centralizado, para aprovechar la economía de escala, que dejará atrás el modelo actual por provincias y por hospitales, y que se dotará allo de «máxima transparencia».
La oposición, al ataque
El PSOE baraja ir a los tribunales denunciar estas prórrogas de contratos al sentir que existe «un fraude de ley». El principal partido de la oposición ha emprendido una ofensiva política y jurídica y no descarta pedir la intervención de la Fiscalía, aunque insiste en que está «estudiando toda la documentación». «Es un sistema opaco, falto de transparencia y de concurrencia pública para financiar a la sanidad privada», señalaron los socialistas. Otros participantes de izquierda como Por Andalucía y Adelante Andalucía también pedirán complicaciones al Gobierno, que señalaron que todo es fruto de «la excitación» por el periodo electoral y que no hay nada ilegal. «Ojalá vayan a la Fiscalía», aseguran desde el Ejecutivo andaluz, convencidos de que se archivará y acabará la polémica.
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No es el único frente abierto que tiene el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, con la sanidad. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF realizaron manifestaciones los días 16 y 25 de marzo contra la Junta de Andalucía. El pacto de concertación suscrito este lunes con sindicatos y patronal, que moviliza 9.000 millones de euros y fija un compromiso de 3.370 millones de euros para mjorar la atención primaria, obliga a una modificación de la polémica orden que fija las tarifas para conciertos con la sanidad privada . Una orden que abre por vez primera la puerta a extender ese maqueta de conciertos con la sanidad privada a la Enfoque primario y que además permite a las aseguradoras usar las instalaciones públicas del Servicio Andaluz de Salud.
En el pacto que sella la paz social, los sindicatos UGT y CCOO han arrancado el compromiso del Gobierno de cambiar la normativa para actuar en casos muy excepcionales el uso de conciertos con la privada y para dar marcha atrás en el uso de hospitales y consultas públicas por parte de facultativos de la privada. Ya se ha modificado una vez esa orden de precios y se hará de nuevo “si es necesario”, dijo en su comparecencia pública el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, qu’enmarcó todos los cambios en un gran acuerdo por la atención primaria, que incluso podría requerir un nuevo decreto por encima de la controvertida orden. El Gobierno aseguró que se hará todo lo necesario para «tranquilizar” et «dar seguridad» a los sindicatos, que volvió a dejar muy claro que las protestas sanitarias se secundarán y siguen en pie hasta que no se cambie la normativa que fija conciertos con la “No hay ningún cheque en blanco”, ha advertido la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López.
