La Asamblea Nacional votó por unanimidad el miércoles 8 de marzo un proyecto de ley para relanzar los procedimientos de acción de clase ante los tribunales, lo que permite a los consumidores unirse contra las prácticas comerciales en disputa. Toma el relevo de un primer sistema lanzado en 2014, cuyos resultados se juzgan. decepcionante «.
Iniciado por los diputados Laurence Vichnievsky (MoDem) y Philippe Gosselin (LR), este texto transpartidista fue aprobado en primera lectura y será enviado al Senado. En parte inspirado por “acciones de clase” en EE. UU., la acción de clase francesa, introducida por la Ley Hamon de 2014, permite que los consumidores que son víctimas del mismo daño por parte de un profesional se reúnan y emprendan acciones legales dentro de asociaciones aprobadas.
Inicialmente limitado al derecho del consumidor, su ámbito de aplicación se amplió en 2016 a la salud, el medio ambiente, la protección de datos personales, la lucha contra la discriminación, luego en 2018 a los litigios inmobiliarios relacionados con el alquiler.
«Falla relativa» del dispositivo hasta ahora
Pero los eurodiputados están de acuerdo en la «pequeño éxito» del dispositivo hasta el momento, a años luz de los espectaculares procedimientos en Estados Unidos. Según el proyecto de ley, sólo “Treinta y dos acciones de grupo se han iniciado en Francia desde 2014”contra determinadas prácticas de telefonistas, bancos, arrendadores inmobiliarios o grupos automovilísticos.
Y «solo seis procedimientos tuvieron un resultado positivo», como un acuerdo amistoso en 2017 entre UFC-Que-Choisir y Free, que compensó a sus suscriptores por errores en el uso de 3G. En la apertura de los debates, el Ministro Delegado para Asuntos Digitales, Jean-Noël Barrot, dio su apoyo al proyecto de ley, reconociendo «fracaso relativo» de la acción del grupo hasta ahora.
Los diputados Laurence Vichnievsky y Philippe Gosselin, exmagistrado y abogado respectivamente, ya habían realizado una misión informativa sobre el tema. Su texto pretende simplificar el acceso a este procedimiento con un régimen jurídico único y plazos más reducidos. El alcance de estas acciones colectivas pasaría a ser «casi universal»según los dos diputados.
El intento del Gobierno de debilitar el texto
Todos los daños, ya sean corporales, materiales o morales, serán indemnizables. Su proyecto de ley prevé ampliar el número de asociaciones que pueden iniciar tales acciones: solo están embargadas para ser aprobadas hoy. Cincuenta personas físicas ahora podrían crear una asociación » ad hoc « para iniciar el procedimiento. Este umbral era de 100 personas antes de la sesión, pero los diputados lo redujeron mediante enmiendas de muchos campos.
El gobierno intentó en vano reducir el alcance del texto en ciertos puntos. En términos de derecho laboral, por ejemplo, el ejecutivo ha abogado sin éxito por limitar la acción grupal a la discriminación solamente. Jean-Noël Barrot evocó bajo las protestas de varios parlamentarios una «pequeña advertencia»EL “Riesgo de despojar a los tribunales laborales de franjas enteras de litigios” o circunscribir el papel de los sindicatos.
Misma reserva sobre la salud, donde el ejecutivo está preocupado por un » riesgo « para profesionales médicos y espera una reescritura del texto durante el viaje parlamentario. El proyecto de ley también permite reducir el costo del procedimiento para las personas interesadas, con la posibilidad otorgada al juez de imponer al Estado todo o parte del anticipo de las costas, si «la acción intencional es de carácter grave».
Nada de «desviaciones americanas»
Finalmente, crea una nueva sanción pecuniaria civil en manos de los tribunales, con depósito en la Hacienda Pública en caso de «falta cometida deliberadamente con el fin de obtener una ganancia o economía indebida». Con un tope de hasta el 3% de la facturación de una empresa infractora.
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El texto recibió el apoyo de todos los grupos, aunque la izquierda pidió medios para implementarlo. Laurence Vichnievsky reclama una factura de «reequilibrio» más favorable para los consumidores.
Pero ella no quiere caer en «deriva americana»con abogados que a veces van “un poco pescando quejas” para iniciar el negocio. Para protegerse contra esto, el texto no se amplía «la iniciativa» demandas colectivas solo a los abogados, incluso si tendrán «todo su lugar» durante el procedimiento.
En un dictamen, la Defensora de los Derechos Claire Hédon había descrito la «avanzado» del texto, proponiendo «mejoras»como la “Creación de un fondo para financiar acciones colectivas en materia de discriminación”.
