El 9 de marzo se escucharán los fundamentos de las condenas contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros siete imputados en el juicio por lavado de dinero en el caso Vialidad. Eso habilitará que el fiscal y los defensores puedan apelar las sentencias. En tanto, en instrucción queda otro tramo del caso conocido como Vialidad II, que la investigacion la responsabilidad de los exgobernadores de Santa Cruz, exministros de economía santacruceños, funcionarios de Vialidad provincial, y personal de Austral Construcciones. La próxima instancia será el llamado a indagatoria de este grupo de personas.
Están bajo la lupa judicial los ex gobernadores Carlos Sancho, Sergio Acevedo y Daniel Peraltasus respectivos ministros de Economía y directivos de Vialidad Provincial.
Hace más de cuatro años, los impuestos Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques presente el pedido de indagatoria de 33 personas involucradas en los que se denominó Vialidad II, un desprendimiento de la causa madre cuyo juicio oral concluyó el 6 de diciembre pasado cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) leyó la condena por administración fraudulenta contra el vicepresidente de la Nación.
En ese caso se sostuvo que desde el Poder Ejecutivo Nacional y las organizaciones de la administración estatal con intervención en materia de obra pública «se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio dy la cesión discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez, donde el contrato del Estado representa prácticamente 46 mil millones de pesos”.
El Tribunal qu’encontró responsable a Cristina Kirchner de haber favorecido a su ex socio comercial con fondos públicosgeneradora del fraude investigado, concluyó que el perjuicio asciende a 80.000 millones de pesos.
Toda la maniobra tuvo como epicentro la provincia de Santa Cruz, lugar que según sostuvo la acusación fue el elegido para ejecutar “la matriz de la corrupción”.
Para que todo esto ocurriera se requirió -sostienen los investigadores- de la implementación de una «estructura coordinada de personas, con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo”. Para la justicia federal no se agota en las personas que terminaron condenadas en diciembre pasado, sino que hay una «pata provincial» que también debe dar explicaciones.
Los tax del caso señalaron que hay responsabilidad penal de «aquellos individuos que, desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuir al plan criminal que decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.
En este segundo tramo del expediente, sostiene que par que la sustracción de fondos y direccionamiento de los mismos a favor de Báez se materialice, sy requirió una “colaboración imprescindible” de los exgobernadores Carlos Sancho, Sergio Acevedo y Daniel Peraltaque realizó Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sobre ellos los pesa un pedido de indagatoria que el juez Julián Ercolini busque concretar una vez que se conozcan los fundamentos de la condena.
Lo que sostiene la imputación es que los ex mandatarios santacruceños -como también los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial-«contribuir —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de caudales públicos a través de la eliminación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.
Los ex gobernadores K
Cuando imputó a los ex gobernadores kirchneristas, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que en virtud del cargo que ocupaban como jefes de la Administración Pública santacruceña, «diseñamos la estructura de funcionarios provinciales que intervinieron en la maniobrapresentó los proyectos de presupuesto en los que se aplicó una gran cantidad de fondos provinciales para las obras” adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.
Con estas decisiones «garantizan que el flujo de estos recursos públicos no se agota mediante restructuraciones de partidas a través de decretos». Se los acusó a Sancho, Acevedo ya Peralta de haber sido»gestores políticos con las autoridades nacionales para la firma de los convenios» de Vialidad Nacional y l’agencia de Vialidad Provincial y «desde la crúspide de la estructura administrativa provincial dirigieron hacia su interior la maniobra».
ministerio de economia de santa cruz
El llamado a indagatoria, además de a los ex ministros de economía de Santa Cruz, quienas fueron «clave para que la maniobra se sostuviera en el tiempo». Eran, según los tax, los encargados del control directo sobre la Administración General de Vialidad Provincial —organismo decentralizado bajo su órbita— y desde ese cargo «Garantizamos el total control de las obras viales ausencia adjudicadas a Báez».
Se les atribuye haber dotado de recursos provinciales “hacia las obras del socio comercial de los ex presidentes, no sólo por medio de la confección del presupuesto provincial —tarea a su cargo—, sino también a través de reestructuración del partido pendiente el transcurso de cada ejercicio”.
Vialidad provincial: an eslabón clave
La tarjeta de responsabilidad incluye una exfuncionarios de la Dirección General de Vialidad Provincial de Santa Cruz —en connivencia con los sucesivos presidentes de las organizaciones, que ya fueron condenados- que “contribuyeron en el esquema de beneficios exclusivos implementados a favor del Grupo Austral”.
El listado es extenso y abarca a las principales funciones del Juzgado de Cuentas Santa Cruz, eso prestaron su acuerdo previo a contribuir con el plan criminal investigado, “a través de la omisión sistémica y deliberada de ejercitar sus funciones de auditoría y controlpor cuanto Durante doce años dichas organizaciones no efectuó ninguna auditoría sobre las obras viales adjudicadas” a Báez.
Además esta organización «aprobó todos los ejercicios de la AGVP sin efectuar ninguna objeción ni formular denuncia alguna; todo ello incluso pesa a las numerosas y graves irregulidades cometidas en el seno de la AGVP».
