El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, advirtió que la supresión del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León, que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, «afectará a la paz social, porque solo tendrá consecuencias negativas y no habrá nada edificante en esta decisión». Pérez Rey explicó que su departamento aún no ha recibido la respuesta a la que «se comprometió» el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la carta enviada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para informar sobre esta cuestión.
En una entrevista concedida al programa La Ventana Castilla y León, de la Cadena SER recogida por Ical, Pérez Rey señaló que la posible eliminación de Serla es “verdaderamente alarmante”, el «alcalde ataca al Diálogo Social conocido, Porque acaba con un sistema básico para aplicar la legislación laboral y evitar conflictos entre empresas y trabajadores”. A su juicio, muchas medidas de la reforma laboral “confían su solución al Serla”, tales como la aplicación de la ultraactividad, motivo por el que el Gobierno “verá todas las opciones a su alcance” para frenar una propuesta “tan extrema, radical y contraria a las relaciones laborales”.
Pérez Rey señaló que la supresión de este órgano de mediación “cuestionaba el papel de los interlocutores sociales” ya estaba en la Junta como “enemigo de las relaciones laborales habituales”. “En ningún lugar de España se ha suprimido; por el contrario, son apoyadas. Es una responsabilidad que incumbe a la Junta, que no debería bajo ningún concepto validar una decisión que acabe con el Serla, que es absolutamente esencial”. Por ello, invitó al Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco a «revisar una decisión alarmante que lesiona la democracia de las relaciones laborales».
El secretario de Estado intuyó que la motivación que puede existir detrás de trás decisión “solo se puede sensar por el desconocimiento habitual sobrio de sindicatos y empresarios y por la incorporación de la Junta tiene una senda autoritaria muy preocupante, porque desconoce la posición constitucional de los sindicatos y empleador”. «Es un problema de todos», anotado.
también respondió el consultor de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que defendió que esta labor la pueden ejercer los empleados públicos, Pérez Rey aclaró que “no es así”, porque “lo que dice la legislación laboral que en una serie de conflictos son los órganos autónomos los que tienen que evitar el recurso a jueces o conflictualidad”. “Los conflictos los resuelven quienes los sufren en primera persona. Esta es una operación normal. El trabajo que hace el Serla es impresionante”, expuso, para intuir que esta decisión “incorpora a la Comunidad a una especie de excepción nacional”.
En definitiva, sintetizó que el Serla «evita la muerte, los bloqueos de los convenios colectivos, los conflictos sociales, la parálisis de la productividad y la presión en los tribunales». “No hay alternativa hay”, sentenció Pérez Rey.
