Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia pionera en España que reconoce el «derecho fundamental» de una embarazada a elegir entre parto natural o cesárea y condena a la sanidad canaria à indemnizar a una madre con un millón de euros por prolongar un parto gemelar de 17 horas, al considerarlo un acto de “violencia obstétrica”.
En una sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Admininistrativo número 5 de la ciudad falla que, al imponer el parto natural a la madre, los médicos del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria no respetan el «derecho fundamental» de la madre a decidir si quería que sus gemelos nacieran por vía vaginal o por cesárea, causando daño cerebral irreversible a uno de los pequeños.
El magistrado Ángel Teba García consideró así en su integridad la demanda interpuesta por bufete Acosta y Navarro en representación de la afectada contra el Servicio Canario de Salud, «ante la flagrante violación por parte de los facultativos intervinientes del derecho de información del que era titular exclusivo la mujer parturienta y de la facultad inalienable de optar por la cesárea como alternativa quirúrgica para dar a luz a sus dos bebés”.
La sentencia consideró que la mujer no fue informada «de las circunstancias en las que se desarrollaron su parto ni de las ventajas o desventajas, peligros y riesgos del parto natural frente a la cesárea para que la misma, correctamente informada, bajo su responsabilidad, pudiera decantarse por una u otra posibilidad”.
En este caso, razona el juez, «lo que se observó es la imposición contra-legem (Contra la ley) del criterio médico de que la recurrente diera a luz por parto natural sometiéndola a ella ya los dos fetos a un extenuante parto natural que apareció la friolera de 17 horas y con un resultado fatal con el que deben pechar [asumir la responsabilidad] la madre y su hijo, amén de su cantidad gemela, y que ninguna jamás podrá resarcir”.
La sentencia escucha que el procedimiento de los facultativos del Hospital Materno Infantil incurrió en una «usurpación improcedente de un derecho ajeno» que ha deparado en «un terrible resultado, provocado por aquellos que lesionaron la posibilidad de que (la madre) pudiera optar por the cesárea en su debido momento impidiendo cualquier lesión a su hijo”.
El juez defiende que el derecho de la mujer embarazada «a ser informada de las alternativas existentes, con sus pros y contras, para dar a luz» le asiste «durante la gestación, antes de dar a luz, cuando empezó el proceso, a lo largo del mismo y hasta el momento último de parir”.
Y reprocha al Servicio Canario de Salud «una concepción patriarcal de la mujer, desdeñosa con su capacidad de autodeterminación aún cuando venga consagrada en la ley, displicente con su competencia para decidir una vez correctamente informada, que aborta cualquier autonomía que pudiera tener y que puede ser calificada sin ambajes de violencia obstétrica”.
Una decisión obstétrica
El Servicio Canario de la Salud alegó en el juicio que la decisión final entre parto natural o cesárea corresponde al obstetra y que será este médico profesional el que habrá de valorar las circunstancias concurrentes en cada caso para decidir al respecto. La sentencia rechaza ese argumento: «La decisión final no es del facultativo, sino de la paciente, bajo su responsabilidad, una vez correctamente informada de su situación y de las alternativas existentes, en este caso el parto natural o la cesárea y asegura que lo contrario es soslayar los derechos que la ley reconoce a los pacientes, en este caso a cualquier mujer que va a dar a luz”.
El magistrado que la dicta llega tiene la conclusión de que «lo que ocurrió en el caso de autos fue la imposición» manual militar del criterio médico de las facultativas que asistieron a la recurrente, que, en su quehacer profesional, no contemplan alternativa alguna al parto natural y por eso prescindieron de informar, por escrito, a la madre duree el lapso de 17 horas, de la alternativa que constituía la cesárea y de las ventajas y riesgos que la misma implícitaba.
La resolución recuerda que el Servicio Canario de la Salud ha sido condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones en casos parecidos, las cuales advierten que «no deberían ser soportadas por el contribuidor canario sino por aquellos facultativos que transgreden la ley en pos de la primacía del parto natural por encima de cualquier circunstancia”.
