Relación especial de la ONU culpa a España de los errores del ‘solo si es si’ y más protección a las víctimas de violencia sexual | Compañía

“Aunque no se puede dar marcha atrás, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisaron el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autres de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garantizar su protección” . solo si es si, una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad. El comunicado de este experto independiente llega el premierro de los dos días en los que la Sala Penal del Tribunal Supremo se reúne para fijar criterio para las rebajas de penas que conllevó la entrada en vigor de la norma. Hasta el 1 de mayo, se contabilizan 1.079 reducciones de penas y 108 excarcelaciones de agresores sexuales, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esas cifras han hecho que la relatora especial Al Salem haya expresado este martes su preocupación por el hecho de que la adopción de la nueva norma, con el consentimiento sexual como eje, haya provocado rebajas para los agresores. Estas figuras, las de relatores especiales, son especialistas independientes que analizan y se ocupan de temas o paga específicos para la organización, pero no interfiere en su trabajo, que hacen de forma voluntaria y sin salario. Por qué o cuándo emitir sus comunicados es algo en lo que la ONU no intercede, y explican que habitualmente estos relatores y relatoras lo hacen cuando han hecho su análisis, aunque no sea de forma inmediata a cuando suceden hechos concretos.

Así, aunque las rebajas de penas y excarcelaciones comenzaron el pasado otoño, Al Salem ha pronunciado este martes, en periodo preelectoral y cuando el Tribunal Supremo debate para fijar un criterio para las rebajas de penas. Entre las cuestiones que preocupan a la norma, ha hecho también referencia que la ley «no haya ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación», es que, según ha afirmado, se calcula que un tercio de las víctimas de violencia sexual en España no ha recibido ninguna compensación por la violencia sufrida, y alrededor de la mitad de las víctimas no recibe ninguna compensación prevista en las sentencias impuestas por los tribunales a sus agresores.

Al Salem también crea que «para un país con una tasa elevada de feminicidios, reducir las penas de los culpables de perpetrar actos de violencia sexual —contra mujeres y menores de edad— envía un mensaje erróneo sobre las prioridades del Estado a la hora de acabar con la violencia contra mujeres y la niñez y luchar contra la impunidad de tales delitos», y que «la desafortunada consecuencia de la ley podría haber evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes que habían anunciado contra esta consecuencia obstructiva, como las expresadas por organizaciones de la sociedad civil, políticos y el Consejo General del Poder Judicial”.

Y aunque señala algunas positivas —menciona la petición de disculpas a las víctimas por parte del presidente del Gobierno y la modificación de la ley, aprobó el pasado abril con una propuesta del PSOE, por la que vulven agravar las condenas cuando haya violencia o intimidación o cuando la víctima tenga anulada su voluntad—, lamenta también que «las consecuencias negativas» hayan «eclipsado muchos aspectos positivos de la ley», como «las medidas preventivas para combatir la violencia sexual, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitación de su acceso a los recursos, el énfasis en la obligación del Estado de proporcionar asistencia jurídica y médica, y garantías del derecho a la reparación”.

In uno de los estudios del Grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona —Las violencias sexuales en el Estado español: Marco jurídico y análisis jurisprudencial—, se hizo un análisis de 167 sentencias entre 2016 y 2017 en Madrid, Cataluña y Andalucía. Aquel informa reflejó que en los fallos que estudiaron, en un 6% hubo una renuncia a la indemnización. Y en los que no, las indemnizaciones por agresiones y abusos sexuales “miserable sons”, escribieron las investigadoras.

Entre el 58% y el 60% tienen indemnizaciones por daños morales “inferiores a los 6.000 euros, siendo prácticamente el 42% de ellas inferiores a los 3.000″. relativiza hasta llegar a segundo plano, dando la sensación en ocasiones que los años de prisión a los que se condena al agresor compensar el daño moral que sufre la víctima” et “se obvia así que el daño moral de la víctima puede durar toda la vida, que la agresión puede condicionar su vida sexual, sentimental, laboral, familiar”.

Desde su entrada en vigor, en octubre de 2022, la nueva norma establece que la indemnización «por daños y perjuicios materiales y morales», de acuerdo con las leyes penales sobre la responsabilidad civil derivada del delito, «deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de , al menos, el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad; la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante el daño social, entendido como el daño al proyecto de vida; el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva”.

Más allá de lo que establece para los fallos judiciales, el articulado de la norma incluye económicos para dos de las cuestiones centrales de la propia ley, ya las que hace referencia a la relatora de la ONU, la recuperación y reparación de las víctimas. Sin embargo, el Real Decreto que debió regularlas ha quedado en un limbo tras la disolución de las Cortes y la convocatoria acelerada de elecciones generales.

El consentimiento

Respecto al fondo de la norma, Al Salem cree que «utilizar el umbral de si hubo consentimiento o no como carga de la prueba pierde sentido en muchas situaciones y puede llevar a que la carga de la prueba recaiga en las víctimas y no en los agresores ”, citando casos de trata de mujeres con multas de explotación sexual y abuso, y de explotación de la prostitución y la pornografía, en los que el consentimiento está viciado, no es libre.

Por un lado, la norma fija en cualquier caso como violencia todos «los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena”, así como “pornografía no consentida y extorsión sexual”.

Por otro lado, en un proceso legal por violencia sexual, como en cualquier otro, los hechos de los que se acusan al presunto agresor han de ser siempre probados. Aunque históricamente, por el propio funcionamiento de la violencia sexual y por los estereotipos que la rodean, en muchas ocasiones la falta de pruebas físicas, ou la paralización habitual ante una enamenaza que sufren las víctimas, ha llevado a penas reducidas o incluso absoluciones de los atacantes