La iniciativa antiaborto lanzada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de la formación ultraderechista Vox, que entró en coalición con el PP, fue topado con el rechazo de los ginecólogos españoles. En un comunicado publicado a primera hora de la tarde de este lunes, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha cargado contra la propuesta, anunciada el jueves por Gallardo, de obligar a los médicos a decer a las mujeres embarazadas que están pensando en interrumpir el embarazo una ecografía anticipada en 4D (que permite una visión más nítida del feto) y oír el latido fetal .
La sociedad científica, que asegura «no tener constancia de este nuevo procedimiento má que por las informaciones de los medios de comunicación», sostiene que la medida es discriminatoria y no está exenta de riesgos. Este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha rectificado a su vicepresidente y ha asegurado que ni se obligará ni se instará (verbo que sacó su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, también del PP, el viernes en declaraciones a este periódico) a los médicos a ofrecer a las mujeres que decidan abortar pruebas diagnósticas que no pidan.
“El derecho de la mujer acogerse a la ley de la interrupción legal del embarazo (ILE) y los requisitos al respecto están regulados legalmente”, sostiene la especialista.
La SEGO recuerda que «los servicios a la mujer gestante en el sistema público de salud, independientemente de la decisión de la gestante sobria la continuidad de su embarazo, comenen recogidas en los protocolos asistenciales», que deben ser acordes «a las recomendaciones de las sociedades científicas». Estos protocolos «no establecieron diferencias en la atención inicial a la mujer gestante, asegurando de esta manera la equidad e igualdad en su asistencia, personalizándola y adaptándola posteriormente a la complejidad de cada caso».
Fuentes de la sociedad explica que «ni existe ni puede existir ninguna diferencia en la atención médica que reciban las mujeres embarazadas, independientemente de que estén pensando o hayan decidido acogerse a la ley de ILE, porque supondría una diferenciación éticamente inaceptable».
El comunicado también alertó que las ecografías 4D «no forman parte del sistema asistencial, ni pueden encontrarse con alguna recomendación para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales».
Respecto al latido fetal, los ginecólogos recuerdan que las guías clínicas fundamentadas que “en fase embrioria [hasta la semana diez y seis días] se recomienda que la evaluación ecográfica del mar latido sea preferentemente de manera visual” y que las ecografías Doppler “no deben ser utilizadas routinariamente”. In period fetal, hasta la semana 13 y seis días, este instrumental sí puede ser utilizado de la forma más habitual, pero siempre que esté justificado «para ciertas indicaciones clínicas, como el cribado de trisomías y anomalías cardíacas».
«En definitiva», sigue el comunicado, «existe consenso en hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los posibles efectos térmicos y/o mecánicos indeseables sobre el embrión». Las fuentes consultadas destacan que «es paradójico que una propuesta que pretende hacerse pasar como defensora del embrión contempla actos médicos que pueden resultar perjudiciales para él».
El comunicado de la SEGO concluyó pidiendo a la Junta que no siga adelante con los aviones anunciados por Vox: «Por todo lo expuesto anteriormente, y en el caso de que se confirmó en las medidas que han sido anunciadas por los medios de comunicación y de las que no tenemos constancia directa, creemos que la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales”.