Mientras que a finales de noviembre una reforma del código penal derogó este delito en el país, el Tribunal Supremo español retiró los cargos de sedición contra el separatista Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, el jueves 12 de enero.
Exiliado en Bélgica para evitar ser procesado en España, Puigdemont todavía enfrenta cargos de desobediencia y malversación de fondos, que conllevan penas de ocho años de prisión. La sedición se castigaba con una pena máxima de prisión de quince años.
Los intentos previos de España de extraditar al expresidente de Cataluña durante sus estancias en Alemania, Bélgica e Italia han fracasado. El juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, dijo el jueves que presentará una nueva solicitud de extradición a las autoridades belgas para que Carles Puigdemont sea juzgado por cargos menos graves, en función de las sentencias de los tribunales europeos sobre su inmunidad.
Mitigando el conflicto entre Madrid y Cataluña
España modificó su código penal a finales del año pasado para derogar la histórica ley de sedición, en virtud de la cual algunos políticos separatistas fueron condenados a hasta 13 años de prisión, tras la crisis constitucional provocada en 2017 por el referéndum sobre la independencia de Cataluña y la proclamación unilateral de la la República Catalana.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien más tarde indultó a los condenados tras los hechos, dijo que la medida debería aliviar aún más el conflicto político entre Madrid y Cataluña. Los partidos de oposición dijeron que la medida tenía por objeto garantizar que la coalición liderada por los socialistas de Pedro Sánchez siguiera recibiendo el apoyo de los partidos independentistas en votaciones parlamentarias polémicas.
Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde finales de 2017, es eurodiputado desde 2019.