La guerra entre la defensa de los tres imputados en la causa contre la presidenta suspendida del Parlament y directente de Junts, Laura Borrásen la premiera sesion del juicio, la semana pasada, por el pacto de algunas de ellas con la taxia ya marcó la senda por la que unarrollará la vista dure las próximas semanas. Será un cuerpo de lucha a cuerpo de todos contra la líder independentista.
El tribunal dio una de cal y otra de arena a los abogados de Borràs: rechazó que las modificaciones de la taxation en el redactado de su calificación sean sustanciales y desestimó la petición de suspensión de la vista, pero aceptó que la política catalana declarar en la recta final del juicio, tras la práctica de toda la prueba y de la declaración de los otros dos acusados. Sí que el beneficiario de los contratos, isaias herreroy el empresario Andreu Pujol, han llegado a un acuerdo con la acusación pública para incriminar a Borràs, y declararán el próximo lunes, cuando debía hacerlo también Borràs. La ley fiscal requería que el líder soberanista también fuera interrogada este lunes, pero los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se inclinaran a tragarse la solicitud del abogado gonzalo boye.
La taxía, por ahora, no ha cambiado las penas que reclama provisionalmente para Herrero, que se enfrenta, al igual que Borràs, a seis años de prisión, mientras que para Pujol se piden tres años de cárcel. Está previsto que este trámite lo hagan las tasas del caso, Teresa Duerto y Assumpta Pujol, antes de los informes finales. Es decir, dentro de dos semanas. Antes comprobarán si los dos acusados cumplen con su palabra de incriminar a Borràs y la señalarán como la persona que, al menos a Herrero, le dio instrucciones para fraccionar en 18 contratos unos trabajos que le encargó la líder de Junts cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. La rebaja de la condena podría evitar que Herrero ingresara en la cárcel.
La defensa de Borràs está dispuesta a plantar cara en todo lo que le se posible, como se hará este martes. Se fija hasta en la última coma y hasta el último movimiento de la fiscalía para desacreditar sus argumentos. En esta segunda sesión del juicio, Boye se centró en una modificación realizada la semana pasada para el impuesto en el redactado de su escrito de acusación para detonar su artillería, a la vez que lanzó sospechas sobre unas indeterminadas abiertas por el ministerio público cuando la cause ya estaba legalizada y que se derivaba para requería información sobre el asunto.
La frase de la controversia.
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En su calificación provisional, el sistema tributario data el inicio de las presuntas irregularidades en la junta de gobierno de la ILC del 20 de marzo de 2013 en la qu’acordó como objectivo la elaboración de un portal web, une labor que fue encargada à Herrero . Los impuestos cambiaron la frase «una vez aprobado dicho objetivo» por «con anterioridad a esta junta». Esta reforma, al oír del letrado, se introdujo de forma sorpresiva el viernes pasado, sin concretarse a que se refería. «Hemos entró en una dinámica de desconfianza», admitió el letrado. Para él, con esa innovación se está provocando la indefensión de su cliente y «nos déja desalmados» ante la posibilidad de que colgante el juicio se introduzcan nuevos elementos. «No se modifica por que sí, sino buscando una relevante», insistió, «cambiando la ruta por la que ha transcurrido Durante cinco años la instrucción», subrayó.
El tribunal mostró disconformidad con esa hipótesis, pues, en su opinión, esas rectificaciones de «desplazamiento temporal» realizadas por la taxía no son sustanciales y «esenciales» como argumentó la defensa de Borràs. Hola, aceptó la introducción de estas modificaciones y denegó la solicitud de suspensión de la sentencia. Los magistrados admitieron la mayor parte de la prueba documental, aunque alguna aportada por la taxía fue rechazada, así como la testifical propuesta por alguna de las partes, como la del ‘exconseller’ Luis Puig, en la misma tesitura de lo acordado anteriormente con otros políticos. Además, conviene la protección de la imagen de los guardias civiles que deben ser equiparados en el juicio como testigos.
