El Gobierno ha descartado implantar un examen especial para acceder a las carreras de Educación Infantil y Primaria como plantó hace un año. La idea, que participó en el origen de las facultades de magisterio, fue incluida por el Ministerio de Educación en su documento de 24 propuestas para mejorar la profesión docente. El objetivo de dicha prueba era «mejorar la selección de los alumnos» contribuir a ello, mediante una reducción de la oferta de plazas universitarias, para paliar los problemas para encontrar empleo de muchos de quienes se forman para ser maestros, lo que su vez» reflejada en la valoración que hace la sociedad de dichas titulaciones”, indicaba el documento.
El Ministerio de Educación puso la propuesta sobre la mesa (la exministra de Educación Isabel Celaá había afirmado en 2020 que necesitaba que los alumnos que entraran en las facultades de Educación lo hicieran «con notas altas»). Pero su establecimiento era competente del ministerio de Universidades, que lo ha descartado «completamente», según indican a EL PAÍS fuentes conocidas de las conversaciones que el Gobierno y los responsables de las facultades de Educación mantienen desde hace más de un año para reformar la formación inicial del profesorado, es decir, lo que aprenden en la carrera.
El diseño de la prueba adelantada por Educación, que fue solo un esbozo, señaló que el nuevo acceso debía examen «para evaluar la competencia comunicativa y el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática, e incluir aspectos referidos a las acciones y competencias de la profesión educativo». El proyecto inicial que los decanos de Educación trasladaron al Gobierno incluía la recomendación de que el examen valorase las cualidades psicológicas de los aspirantes a maestro de carácter socioemocional. Los responsables del Ministerio de Universidades no han considerado, sin embargo, adecuada la prueba y han expreso incluso dudas sobre su encaje legal.
Habilidades socioemocionales
Su razonamiento se basa, explican fuentes del Gobierno, en que al estar plantado como a previo al ingreso exam en las carreras, impediría que los alumnos que no lo aprobaran alcanzaran a lo largo de la carrera las skills requeridas en la prueba, entre ellas las socioemocional. Es decir, que podría resultar injusto para aquellos alumnos que quizás a los 18 años no hubieran alcanzado los estándares establecidos, pero, con la formación adecuada colgante el grado, sí podrían alcanzarlos. El examen más conocido en las carreras sanitarias, el MIR que realizan los médicos, añaden las fuentes, no se realiza antes de entrar en la carrera, sino una vez que la han acabado, en un sistema destinado a regular la formación práctica en las distintas especialidades
Los exámenes de ingreso para estudiar carreras de Educación existentes, sin embargo, en otros países, como Finlandia, considerado una referencia educativa mundial debido, entre otros motivos, à la calidad de sus docentes. También en España. En Cataluña están vigentes desde hace años las llamadas Pruebas de Aptitud Personal para acceder a los grados de Educación Infantil y Primaria, tanto en universidades públicas como privadas, de la comunidad autónoma, que incluyen dos exámenes, una prueba de “competencia comunicativa y razonamiento crítico ” y otra de “competencia logicomatemática”. Aprobar la prueba es condition necesaria para matricularse en dichas carreras. La Universidad de las Islas Baleares realiza un filtro similar para quienes quieren acceder a ambas titulaciones.
Las fuentes del Gobierno consultadas afirman que para aumentar el nivel académico del alumnado qu’entra en las carreras de magisterio y de paso para mejorar el nivel de empleabilidad de los titulados, las universidades podrían reducir su oferta de plazas, lo que provocaría un aumento de la toma nota. O también podrían hacerlo las comunidades autónomas, que son las que autorizan pueden plazas de cada carrera puede ofrecer un centro académico. La primera opción, la autorregulación universitaria, choca, sin embargo, con la disparidad de interesados que existe entre las propias universidades, especialmente por la presencia de campus privados que han encontrado en la oferta educativa un lucrativo nicho de mercado.
Lo que el Gobierno sí sigue negociando con las universidades, y su resultado podría conocerse en las próximas semanas, son los cambios en los planes de studio de las carreras de Educación Infantil y Educación Primaria con el objetivo de adaptarlos a la concepción de la enseñanza, más competente, contenido en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020. La intención del Ministerio de Universidades y de las facultades de Educación es que los nuevos contenidos de la carrera puedan entrar en vigor el curso que viene. Una vez que se aprueben las correspondientes órdenes ministeriales, el Ejecutivo y las universidades se centrarán en el cambio del máster que habilita para ser profesor de secundaria.
Pocos avances
La renuncia ha implantado un filtro general en el acceso a las plazas de Educación para reducir más la ambición del plan de reforma del profesorado en la presente legislatura. Cuando el Ministerio de Educación presentó su «documento para el debate», titulado 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente, sindicatos de enseñanza y expertos en educación y lo consideraron excesivamente genérico y falto de alcance, y vieron el plan del Gobierno como tal término para cubrir la obligación legal impuesta por la Lomloe, que en su disposición adicional septima establece: la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, utilizan, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regula, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”.
Inicialmente, Educación barajó creó un estatuto educativo, poco después se inclinó por acordar reformas parciales en formación inicial, acceso a la profesión docente, formación continua y carrera profesional. In ninguno de dichos terrenos se ha avanzado, sin embargo, mucho. Fuentes del ministerio apuntan que las elecciones que los docentes sindicatos celebraron a final del año pasado, que hicieron que los meses anteriores tuvieron pocos propicios para negociar algunos de los puntos clave. Pasadas las elecciones sindicales, el calendario de las asambleas municipales, autonómicas y generales, es improbable que el ministerio nazca en dar pasos que puedan generar polémica, salvo que sean imprescindibles.
El documento de las 24 medidas ha renunciado a establecer un sistema de incorporación a la profesión similar al MIR de los médicos, basado en el acompañamiento durante unos años de los primeros pasos de los nuevos docentes en los centros por parte de profesores expertos. Tampoco se han producido avances en la implementación de un modelo de evaluación de la labor docente vinculada a la carrera profesional (es decir, consecuencias salariales), en el sistema de formación permanente de los maestros, o en la reforma del formato de las oposiciones con que Se accede a las plazas en la educación pública. Entre las propuestas presentadas hace un año figuraba la actualización de los temarios que deben estudiar quienes presentan dichas oposiciones, algunos de los cuales -especialmente en especialidades docentes conectadas con las nuevas tecnologías, como la informática-, se han quedado manifiestamente anticuadas. Un cambio que sí podría ocurrir en lo que queda de legislatura.
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