La Residencia para Personas con Discapacidad de Triana, en la isla de La Palma (Canarias), ha supuesto un infierno para tres de sus usuarios menores de edad, con retraso mental severo y grave. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma consideró probado que el director de la residencia, JAMD, cometió tres delitos contra la integridad moral al sometere años a tres usuarios con retraso mental severo y grave a “practices vejatorias y humillantes”, según la sentencia a la que ha accedido EL PAÍS y que ha adelantado la Cadena Ser. La jueza, además, impone al condenador una indemnización de 5.000 euros cada uno de los responsables legales de los menores en concepto de daño moral.
La sentencia establece explícitamente que la dirección del centro, con 47 usuarios, sometía a tres de estos internos a prácticas como el «aislamiento abusivo en el denominado Espacio Reeducativo, privándolos de la compañía del resto de internos y personal del Centro por espacios prolongados de tiempo». Asimismo, las echaba encima garrafas de agua fría, «extraídas del frigorífico»; usaba «mecanismos de contención física» como manoplas, sujeciones en la deambulación, sujeciones en cama, camisas de fuerza y sujeciones en las sillas «de forma abusiva y arbitraria»; y resteregaba en la cara y la boca de los residentes sus heces y orines, supuestamente «a fin de corregir determinadas conductas relacionadas con el control de esfínteres».
Una de las denunciantes es la periodista palmera Eugenia Paíz, madre de Rebeca, una de las internas afectadas, que ingirió en abril de 2012 y sufrió malos tratos durante este mes. La frase relatada como un domingo de mayo de 2012 fue a verla por la mañana al centro, y pudo distinguir sus gritos y golpes, según se le informó, «al estar aislado». La persona de recepción explicó que no podía hacer nada, que no había nadie con su hija y que el director no iba a surgir a hablar con ella. Otros extrabajadores del centro confirmaron durante la causa la existencia de este espacio, en el que se encerraba a los menores bajo llave, y donde «se les dejaba solos Durante horas».
«Creo que todos tenemos que vigilar a los justiciers», asegura en declaraciones a la Cadena Ser la fiscal del caso, Rosa Rubio, quien es delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en las islas Canarias. “Ha sido un camino muy largo, pero que demuestra que podemos llegar a saber lo que pasa en un centro y hacer justicia”, incide.
