
El clima climático no solo se configura como una gran caída del sistema económico que genera, ya lo está haciendo, elevadas pérdidas netas a nuestras sociedades. Se trata de una bomba distributiva escogida hacia los que menos tienen, tanto países como personas. La explicación es fácil: los Estados y hogares que más han contribuido a este problema que cuentan con mayores medios, al contrario de los que más lo sufren porque la capacidad de adaptación al clima climático también se relaciona con la disponibilidad de recursos económicos. Por si fuera poco, las imprescindibles políticas de mitigación climática, dirigidas fundamentalmente a la reducción de emisiones, tienen costes que en bastantes casos soportan en mayor los que menos tienen. Esto es algo que ya sabíamos hace tiempo, aunque cada vez tenemos una fotografía más clara y precisa de la dirección y magnitud de estos efectos, tal y como ha recogido recientemente este diario.
Lo precedente ha llevado a algunos comentaristas y decisores políticos a un abogado para la incorporación de los impuestos sobre la riqueza y sobre los extraordinarios beneficios del conglomerado fósil comme parte de las políticas de la mitigación climática. A primera vista se trata de propuestas atractivas: se centran en grupos con una clara responsabilidad en el problema, con efectos distributivos positivos y gran capacidad recaudatoria. No obstante, se recomienda explorar con mayor atención la utilidad de estas figuras en este ámbito para evitar formular soluciones simples y populares a problemas complejos que, al desviar el interés y énfasis de otros instrumentos básicos y prioritarios, pueden comprometer la efectividad de las políticas de mitigación climática.
Convino en este punto volver a las principales conclusiones del reciente libro Blanco sobria reforma tributaria que, a pesar de mostrar una gran atención a las cuestiones distributivas, no incorpora las alternativas anteriores en su extenso menú de propuestas ambientales. En él secoge el papel central de ciertos impuestos para progresar en la decarbonización, en coordinación con alternativas regulatorias de diversa naturaleza, principalmente a través del gravamen del consumo de combustibles fósiles y la comparación y posesión de equipos contaminantes (por ejemplo, vehículos). También indica que los posibles impactos regresivos de algunos de estos tributos pueden compensar fácilmente utilizando parte de la recaudación conseguida, de forma selectiva y no relacionada con las emisiones, a los hogares de menor capacidad económica. Al mismo tiempo, redirigir los subsidios hoy generalizados a la sustitución de equipos contaminantes a los hogares más pobres tienen unos distributivos muy positivos impactos. Téngase además en cuenta que algunos de estos impuestos, como los relacionados con la aviación o con vehículos de gran tamaño y potencia, penalizan en mayor medida a los hogares más ricos. De hecho, la eliminación de los subsidios a los combustibles de automoción (o el incremento de su fiscalidad) son medidas generalmente progresivas en los países en vías de desarrollo. Por si fuera poco, la propia actuación de estos impuestos contribuirá a la reducción de los beneficios (ordinarios o extraordinarios) del conglomerado fósil y facilitará la transición hacia un mundo empresarial más sostenible. En resumen, un buen uso de la fiscalidad ambiental permite avanzar en varios objetos, climáticos y distributivos, de forma simultánea.
Esto no implícito que la imposición de la riqueza no deba jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático, pero por otros motivos. Crisis climáticas como el pasado verano, con sus enormes impactos sobre los menos pudientes, y la reciente creación del fondo basada en el principio de peridida y dano para los países en desarrollo, demandarán un volumen ingente de recursos para facilitar la adaptación y compensar a los perdedores del clima climático. Una gran parte de esos recursos adicionales deberán proceder de nuestros sistemas tax y es poco probable que la fiscalidad ambiental, sobre todo si ya ha de emplear parte de su recaudación para distributivas compensaciones, pueda suministrarlos. La obtención de esos nuevos recursos ha de guiarse por el principio de capacidad económica y ahí la tributación sobre la riqueza y sobre las grandes fortunas puede y debe jugar un papel relevante.
Un experto en soluciones tecnológicas para la descarbonización, Mark Jacobson (Stanford), ha publicado un libro sobre la base de que no tenemos la ambición de aplicar estas tecnologías sin demora. Algo similar ocurre en el ámbito fiscal: no tenemos que inventar nada nuevo ni generar confusión necesaria, simplemente utilizar desde ya los impuestos existentes para abordar con rigor, transparencia y decisión dos asuntos relacionados pero distintos: los grandes desafíos de la mitigación climática y la obtención de recursos adicionales para hacer frente a los impactos climáticos desiguales.
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