El año pasado, con pocos días de diferencia, dos jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que juzgaba el caso Vialidad Pertieron el control de sus celularesluchar contra cristina kirchner se contraba en trámite de alegatos de las defensas, después de un pedido de condena del fiscal Diego Luciani. La situación encendió luces de alerta: hacía semanas que en el Consejo de la Magistratura se había entrometido el área de declaraciones reservadas de jueces nacionales y federales. Esos mismos jueces fueron dos de las veinticuatro víctimas de esa violación ilegal. Además, la semana pasada se supo también fueron «objetivos» del joven de 22 años que desde Misiones hackeó una extensa lista de teléfonos. ¿Las víctimas? Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Hace una semana, en su indagatoria, Elías Ezequiel Nunes Pinheiro Reconnoció que hizo la maniobra de SIM SWAP contre el celular del ahora ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Pero colgante la siete horas que declaró ante la jueza porteña araceli martinez y la fiscal especializada en ciberdelincuencia Cecilia Dupuydio más detalles y contó sobre «otros objetivos» para los cuales lo contrataron.
Fue menciona que el hacker habló de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Ambos integran el TOF 2 que desde mayo de 2019 llevó el primer juicio por hechos de corrupción contra Cristina.
Cuando el debate oral iba a ingresar en estapa de alegatos, con las nueve jornadas que tuvo a su cargo el fiscal Luciani en los primeros días de agosto y que concluyó con un pedido de doce años de prisión contra la vicepresidenta, Una situación anómala alertó al Poder Judicial: la intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jugos del Consejo de la Magistratura.
Se determina que en esta intromisión se revisarán los sobres con los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales, entre ellos los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2. Además de Giménez Uriburu y Basso, también espiamos la declaración jurada de su colega Jorge Gorini.
Los ciudadanos tienen acceso a la declaración jurada con los datos generales, pero no a los sobres donde estan los numeros de cuentas bancarias y la direccion de las casas de los jueces, por ejemplo. A estos datos solo se puede acceder con un orden legal.
En Comodoro Py sostienen que ese hecho se convirtió en «la antesala de una serie de hackeos» que tener podría «relación con el hackeo iniciado desde Misiones» y que confiesó el joven de 22 años.
El 13 de septiembre del año pasado, seis días antes de que iniciara su alegato en el juicio el abogado de Cristina Kirchner -Carlos Beraldi-, el juez Giménez Uriburu denunció que la compañía prestadora de su línea telefónica celular había ordenado un cambio de chip que él no había gestionado ni autorizado.
Según refirió el magistrado en aquel entonces, Movistar le informó que habían cambiado el chip de su dispositivo. Y luego le aclararon que si él no había realizado la gestión podía comunicarse al teléfono de atención al cliente.
Un detalle: ese ataque ocurría mientras avanzaba el juicio oral a Cristina, yla vice-presidenta recusaba al magistrado para integrar un equipo de fútbol que participó en un torneo que entre otros partidos se disputó en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Ese intento fracasó, entre otras cosas porque el juez jugó en ese sitio mucho antes de ser sorteado para el caso Vialidad, y jamás se cruzó con el ex presidente.
Giménez Uriburu denunció la irregularidad en la justicia. muy preocupado el posible acceso a los datos de sus cuentas bancariasteniendo como antecedente lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura.
Las fuentes de esta investigación indican una Clarín que «los informes remitidos por las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular no llegan a identificar a quién vendió los chips, pero if se llegó a establecer que el chip se compró en Misiones”.
Ese dato cobró mayor relevancia cuando la semana pasada Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro confesó que entre esos «objetivos» para el hackeo telefónico se encontró con Rodrigo Giménez Uriburu. Todo lo hizo desde Eldorado, la localidad misionera cercana a Paraguay.
Otro dato tenido en cuenta estos días en la justicia federal. El listado de telefonos celulares que le habran pedido al joven que hackee incluido un Andrés Bassootro de los integrantes de TOF 2.
El 30 de septiembre de 2022, día tras día del hecho con el celular de Giménez Uriburu, Basso perdió la manija de su celular. Se comunicó con Movistar y allí le plantearon que alguien, aduciendo ser el titular de la línea, habia solicitado un reemplazo del chip de su telefono.
Ante esa circunstancia, el juez realizó una denuncia administrativa pretendiendo que los protocolos de seguridad de la compañía no funcionaron correctamente. Cuando su línea de celular se restableció, decidió no retirar la denuncia penal.
Habían pasado siete días desde que la vicepresidenta hizo su alegato en el juicio oral por el caso Vialidad.
Andrés Basso fue el único de los tres jueces que consideró que Cristina Kirchner había que condenarla como jefa de una sociedad ilícita, además de la acusación por el delito de administración fraudulenta.
También con voto minoritario, el juez fue quien escuchó que Había pruebas suficientes para condenar a Cristóbal López y Fabián de Sousa en el juicio por la defraudación al Estado de 8.000 millones de pesos a través de su firma Oil Combustibles. El único condenado fue Ricardo Echegaray como ex titular de la AFIP, no así los empresarios que a criterio de Basso fueron necesarios para que la maniobra se concreta.
Avance de la causa por espionaje ilegal
El joven Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro fue el único que confesó de cinco imputados en el expediente que tramita en la justicia porteña. Junto tiene él hijo investigados su padre, Elías Nuñes Pinheiro, y otros presuntos integrantes de la red que se dedicaba a hechos de inteligencia ilegal: Antonio Aquino, Julio César Escobar and Cecilia Mercado. Todos tienen residencia en El Dorado, localidad misionera frontieriza con Paraguay, aunque ostentan un dato singular: «para los hackeos habrían utilizado a usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas reservados en el Registro Nacional de las Personas”, explicaron fuentesjudices a Clarín.
Para cobrar por los encargados hackeos, Nuñez Pinheiro dijo que recibido por cada objectivo un promedio de 15 mil pesos y que el pagaron con cryptomonedas. En consecuencia investigado en la billetera virtual Lemon, desde donde cobró, En esta etapa de la instrucción, los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, supplantación digital de la identidad, entre otras sospecha que pueden derivarse de la prueba secuestrada.
