El Ministerio de Consumo ha puesto en el punto de mira en el final de la legislatura a los grandes personas influyentes, esos usuarios de las redes sociales que tienen millas y hasta millones de seguidores y sus mensajes llegan a una gran audiencia, en su mayoría joven. El departamento de Alberto Garzón realizó una encuesta de las principales plataformas de redes sociales para identificar casos de publicidad encubierta por parte de estos usuarios y ha enviado advertencias de sanción a varios de ellos al comprobar que han difundido mensajes publicitarios sin avisarlo en y el 78% de los casos. El ministerio no ha revelado ni a que comunicadores se ha notificado ni cuándo se producirían las posibles sanciones, que podrían llegar hasta los 100.000 euros.
El hueso personas influyentes Suben a diario videos y fotos a las redes sociales —Instagram, TikTok, Twitter y Facebook son algunas de las más usadas, a las que habría que sumar las plataformas de videos Youtube y Twitch— y tienen un gran eco en la audiencia, lo que los convertidos en grandes prescriptores. Muchas marcas aprovechan este tirón para pedirles que manden mensajes recomendando todo tipo de productos, de bebidas alcohólicas a maquillaje y de videojuegos a productos para niños. El precio que las empresas pagan para que se publicen esos mensajes, videos o fotos puede ser de miles de euros si el usuario tiene millones de seguidores. La mayoría de estos prescriptores no suelen notar que se trata de publicidad pagada, con lo que esos mensajes camuflan entre consejos y experiencias reales, haciendo muy difícil que quienes los reciban sean capaces de distinguirlos.
No existe ninguna normativa específica para las redes sociales en esta cuestión, pero el ministerio consideró que las autoridades de Consumo son las competentes para vigilarlas siempre qu’puedan vers afectados los intereses de las personas consumidoras. Además, el departamento de Garzón ha modificado la Ley para la Defensa de los Consumidores en esta legislatura para poder sancionar directamente los fraudes —algo que hasta entonces solo podría hacer las comunidades autónomas—.
El ministerio recuerda que el Ley de Competencia Desleal considera «practicas commerciales desleales» aquellas que «incluyen, como información, comunicaciones que realmente son para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que de claramente especificado en el contenido (a través de imágenes o sonidos claramente identificables) que se trata de un contenido publicitario”. hombre de influencia podría considerarse sujeto del infractor, independientemente de que también lo sea la empresa anunciante, por su participación en la comunicación comercial encubierta.
La publicidad en redes sociales tiene un gran impacto en las personas consumidoras y, en particular, en la infancia.
Para evitar los malestares prácticos, Consumo se ha puesto en contacto con creadores de contenido que no señalan correctamente los anuncios pagados. pic.twitter.com/BqrpGkohE1
— Ministerio de Consumo (@consumogob) 12 de julio de 2023
La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador (SGIPS) de la Dirección General de Consumo, a través del Observatorio de Internet, ha sido la encargada de realizar un barrido masivo por canales de vídeo en línea, es que, en la actualidad, la actividad comercial suscitó un cabo por este tipo de perfiles públicos de especial relevancia todavía no cuenta en España con una regulación específica en vigor. Como resultado preliminar de este barrido en las plataformas, la SGIPS ha detectado un promedio de incumplimiento de la obligación de identificar el contenido de las publicaciones publicitarias del 77,75%.
Según explica desde el departamento, se han puesto en contacto con los perfiles públicos que están infringiendo la normativa y se les ha pedido que dejen de hacerlo, facilitándoles además el Código de Conducta sobre el uso de Influencers en la Publicidad de Autocontrol, el organismo que regula los mensajes comerciales en España. «El objetivo es que puedan conocer un catálogo de buenas prácticas en el sector, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar expedientes sancionadores en su caso», señalan desde el ministerio.
millones de seguidores
Los perfiles públicos que han recibido la notificación de Consumo tienen un impacto especial sobre las personas consumidoras (por número de seguidores y visualizaciones de sus publicaciones) y, en especial, sobre la infancia, el sector más vulnerable ante las comunicaciones comerciales. Entre los notificados hay personas influyentes con más de diez millones de seguidores y responsable de niños influyentes, es decir, creadores de contenido menores de edad. A preguntas de este diario, el ministerio no ha revelado ni a que comunicadores se ha notificado ni cuándo se producirían las posibles sanciones, que podrían llegar hasta los 100.000 euros.
Alberto Garzón intentó aprobar durante la legislatura que puso fin a un decreto para regular la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida a niños y adolescentes. En esa norma, el ministerio tenía pensado incluir que youtubers, personas influyentes y otras personas «de relevancia o notoriedad pública» no podrían aparecer en anuncios de alimentación dirigidos a los jóvenes. Allá comida basura y los ultraprocesados se encuentran entre los productos más anunciados de forma subliminal por este tipo de prescriptores, y los jóvenes y hasta niños que los ven tratan de imitar ese comportamiento y comprar esos productos. El decreto no ha salido adelante por la oposición del Ministerio de Agricultura, en manos del PSOE, y de la industria alimentaria.
