Las quejas expresadas por los abogados madrileños por la negación de un tercio de los refuerzos reclamados por varios órganos judiciales de este han encontrado hoy apoyo en una decisión del Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente ha pedido al Ministerio que dirige Pilar Llop eso reconsiderar su decisión de negar 49 de las 146 medidas de este tipo solicitadas en toda España.
El órgano de gobierno de los jueces considera que el asunto es «urgente» y quiere también que Justicia justifique por qué concedió unas y rechazó otras, advirtiendo que tal decisión causará grave perjuicio en la administración de justicia.
La resolución del Ministerio fue adoptada el pasado día 16 para Dirección General del Servicio Público de Justicia, y supuso echar atrás gran parte de las medidas de refuerzo qu’había pedido el propio Consejo, con el aval de su Servicio de Inspección. Desde Justice impugned, sin embargo, que se han aprobado la mayor parte de los refuerzos y que en lo que llevamos de año el Gobierno ha gastado 11 millones de euros en refuerzos, un gasto que se elvó tiene 13 millones en todo el año pasado.
La Comisión Permanente subrayó la «urgencia y necesidad» de estas medidas para «garantizar un ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional en los órganos interesados», así como para «evitar el grave perjuicio que la no aprobación de estos planes de refuerzo producirá en el servicio público de justicia».
Para los abogados, en la situación existe tal preocupación por el número indefinido de empleados que ha llegado a hace más de un mes desde la supresión de los jueces de refuerzo. El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que auguraba un «colapso inmediato» si lo que ha denominado el «ministerio fantasma» no rectifica sus últimas decisiones.
Manifestaciones de abogados
Por otra parte, profesionales de la Abogacía se han manifestado este miércoles ante varios juzgados del territorio nacional por las huelgas que suceden desde el pasado enero –first the de los Letrados de Justice (LAJ) y después la de los funcionarios– y han reclamado una solución «immediata» a la «parálisis del servicio público» al considerar que se trata de «una cuestión de Estado».
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En un comunicado, el Consejo General de la Abogacía Española ha incidido en que «millas de abogados y abogadas» se ha concentrado en pedir la «reactivación inmediata» en una serie de manifestaciones en las que saludó un «manifiesto» en el que lamentó que estuvo «suspendido continuamente durante décadas de kilómetros de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso». , dejando millas de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos legalizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027″.
Según el Consejo, las manifestaciones se han producido desde «A Coruña hasta Santa Cruz de Tenerife, pasando, entre otros muchos sitios, por Oviedo, Ceuta, Lorca, Valencia, Algeciras, Sevilla, Valladolid o Bilbao».
