A primera hora de este miércoles, agentes de la Policía Nacional entraron en dependencias del Ayuntamiento de Sitges y la fundación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf y una cooperativa para incautar documentos relacionados con la adjudicación presuntamente ilegal de subvenciones. Las diligencias judiciales se iniciaron en mayo de 2022. La policía detuvo a una nueva persona, entre ellos la alcaldesa de ERCF, Aurora Carbonell, y el concejal Jaume Monasterio, aunque la investigación a barca tiene un total de 13 sospechosos.
Los investigadores creen que el Ayuntamiento de Sitges ha adjudicado de forma fraudulenta a la fundación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf subvenciones para atender a personas vulnerables y también contratos municipales entre 2017 y 2022, según fuentesjudiciaires. También participa una cooperativa. Las diligencias se incoaron en el juzgado tras recibir un informado de la Policía Nacional, alertada sobre el funcionamiento supuestamente anómalo de estas concesiones por parte de trabajadores del propio consistorio.
Los investigadores creen que el Ayuntamiento ha adjudicado de forma fraudulenta a esta fundación subvenciones -que suponen algunos pagos de 120.000 euros o 45.000 euros, entre otras cantidades- para atender a personas vulnerables y también contratos municipales entre el 2017 y 2022, según fuentesjudices. Durante el periodo 2017-2019, el Ayuntamiento ha estado trabajando para el alcalde Miquel Forns, de CiU, también investigado. La apropiación indebida ascendió a 600.000 euros.
En un dispositivo que ha arrancado a las nueves de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han llevado a cabo diversos registros en el Ayuntamiento, sedes municipales y la fundación implicada en busca de documentación, correos electrónica y prueba, en definitiva, de una supuesta relación corrupta entre el consistorio de Carbonell y la entidad Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf.
A los 13 investigados se les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú se inició en mayo de 2022, cuando recibió una denuncia policial en el que plasmaban las presuntas irregularidades. En la causa figuraron un total de 13 investigaciones: la alcaldesa de Sitges, ocho concejales y cuatro particulares que forman parte de la fundación qu’está en el núcleo de las pesquisas.
A raíz de las entradas y registros y las detenciones, el Ayuntamiento de Sitges ha emitido un comunicado en el que afirma que internamente se han analizado los objetos de la investigación y externamente se han detectado posibles irregularidades, encargó a profesionales jurídicos el esclarecimiento de lo sucedido, paralizando las subvenciones, revisando los expedientes e iniciando el proceso para el retorno de las subvenciones que no estaban plenamente justificadas. El Consistorio sostiene que dispone de informa que aseguran la ausencia de responsabilidades administrativas y menos aún penales.
La alcaldesa Carbonell gobierna en Sitges a partir de 2019 y seguirá al frente del Ayuntamiento. Previamente, durante un periodo de también bajo sospecha, el consistorio estuvo en manos de CiU, del 2015 al 2019. Verds ECP and Fets for Sitges.
