La tramitación de la proposición de ley de PP y Vox que amplía regadíos en el entorno de Doñana ha echado a andar este martes en el Parlamento de Andalucía con las comparaciones de agentes sociales, cooperativas, ecologistas, alcaldes, agricultores y regantes. La última voz en oírse, 10 horas después del comienzo de la comisión, ha sido la del presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes de Castro, vetado inicialmente por el PP, aunque luego este partido rectificó.
“Tengan coraje y retiren la iniciativa de ampliación de regadíos”, ha pedido el que fuera director de la Estación Biológica de Doñana ante la comisión parlamentaria. Del mismo modo, ha pedido a la oposición que no aproveche la situación para arrimar el ascua a su sardina si esa situación ocurrirá.
De todas las comparaciones, Delibes de Castro ha pedido a Gobierno central y la Junta que se sienta en una mesa y negocien. “Pueden engordar esta absurda guerra u ofrecer una paz buscando consenso. Les pido que elijan la paz». El biologo ha reconocido que en su anterior comparecencia hace un año acudió irritado, pero que ahora su «nivel de enfado está ya saturado». Delibes de Castro no ha variado su oposición a la propuesta porque la considera «inadecuada» y destacó que la polémica «ha llegado demasiado lejos».
El presidente del Consejo de Participación no ha calificado de engaño la proposición de ley, pero casi: «La esencia de la proposición es declarar zonas regables sin agua. Los conductores les gustaría, pero es una tomadura de pelo. Pienso que nos distraen con una truco: ¿zones regables sin agua será seguir bombando, convertir las infracciones penales en administrativas? Tenemos derecho a ser informados como ciudadanos».
Con independencia de los posicionamientos a favor o en contra de la polémica iniciativa, que cuenta con el rechazo de la Comisión Europea, de la Unesco, del Gobierno central y de la comunidad científica, la mayoría de los comparientes exigió a los Ejecutivos central y andaluz que dialogan, busquen una solución y saquen de la agenda electoral un asunto que se está poniendo en un brete al potente sector de la fresa de la provincia de Huelva. La aprobación de la ley por trámite de urgencia está prevista para finales de julio o septiembre, tras las elecciones generales. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, reiteró que está por disputar una modificación de la ley si hay una alternativa «creíble y viable». El PSOE, por su parte, insiste en que no hay abierta ninguna vía de negociación.
El Parlamento ha despachado en un solo día el preceptivo trámite de audiencia. En ese listado se han quedado fuera representantes de la comunidad científica críticas con el proyecto, como el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. También Robert Casier, representante de la Unesco; los ecologistas de SEOBirdLife o la asociación de ganaderos Puerta Doñana y los regantes d’Almonte, municipio en el que se encuentran el 50% de los regadíos del Condado de Huelva.
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Las personas citadas han tenido 10 minutos para hacer su exposición. Cada uno de los cinco grupos parlamentarios han podido hacer preguntas durante dos minutos. La sesión ha comenzado con broca, porque la presidenta de la comisión, Ana Chocano (PP), ha afeado al ponente socialista de la ley, Mario Jiménez, forma de hacer sus preguntas. Unas 200 personas se han manifestado a las puertas de la Cámara andaluza en contra de la propuesta.
La propuesta de PP y Vox pretende ampliar las superficies agrarias regulables en la comarca del Condado de Huelva, con propietarios que serán regulados por ley en 2014, mediante decreto, aprobado y consensuado el plan fresa, el Plan Especial Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). La iniciativa no aclara a las áreas afectadas afectará esa ampliación de regadíos, pero, en un mapa remitida a la Comisión Europea en febrero de 2022, la Junta de Andalucía detallaba que estas ascenderían a 748.62. El PP apenas se observan estos cultivos con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, sin agua con el acuífero de Doñana, qu’está «sobrexplotado». Ese trasvase, de casi 20 hectómetros cúbicos, está ya comprometido, pero para las zonas con derechos de agua. Y las obras del trasvase no están ejecutadas.
Una vena de comparaciones
Antes de Delibes, se han producido una veintena de comparecencias. Los cinco alcaldes del Condado (tres de ellos ya no lo son desde el pasado 28 de mayo) han pedido al unísono diálogo y consenso entre el Gobierno central y la Junta. «Se ha dado una patada al avispero que ha hecho que todas las avispas salten y nos piquen. Esto no es nada bueno. Es necesario consenso y dialogo. Dicho el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE) Solo el alcalde saliente de Lucena , Manuel Mora, ha dado su apoyo rotundo a la proposición de ley, posición que comparte el alcalde electo, del PP. Rocío Castellano, ha dicho que la propuesta «es insostenible, porque no hay agua».
En contra de esta posición ha manifestado el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Juan Antonio Millán, que ha sostenido: «Cuando dice que no hay agua en Huelva está mintiendo. Se miente deliberadamente. Las sequías son cíclicas. Es falso que Doñana va a cambiar”.
Los representantes del COAG y Comisiones Obreras han pedido la suspensión de la transmisión de la propuesta de ley y han reclamado que se constituya una mesa de diálogo entre Administraciones. “Primero hay que consolidar el regadío existente, recuperar el acuífero y cuando estén las obras hidráulicas estudiar nuevos regadíos en la zona. La guerra entre administraciones, solo traerá falsas expectativas a los agricultores y ninguna solución ni para el sector ni para el parque”, dijo Eduardo López, de COAG. Esta organización se ha visto facilitada por los siguientes datos: y El 2,5% de los propietarios son grandes explotaciones dominadas por fondos de inversión que adquieren el 60% de la superficie de frutos rojos y el 80% del volumen de agua.
El representante de CC OO, Emilio Fernández, ha alertado de que la iniciativa legislativa «pone en riesgo la excelencia de la marca de la fresa de Huelva», ha destacado que el 70% del empleo que genera el sector es por cuenta ajena y ha pedido “retomar el acuerdo político y sacar de esta absurda batalla política” al sector. También ha requerido a los gobiernos central y autonómico que ejecuten las infraestructuras previstas, sin las cuales no es posible el trasvase.
Sobria la reputación de los frutos rojos se ha referido al representante de Freshueva, la patronal del sector. “La campaña reputacional tiene un componente económico. En Alemania hay plataformas que atacan a la fresa, otras veces a los productos de Turquía y otras a los de Grecia”.
Los ecologistas de WWF decidieron retirar la propuesta de ley. Su portavoz, Juanjo Carmona, ha sostenido que con esta iniciativa «quiere hacer un favor a los que están regando ilegalmente» y ha destacado que la propuesta va a revalorizar unos terrenos que ahora son de secano al calificarlos de regables. Una hectárea de secano se valora en 10.000 euros, pero sólo si la cantidad es superior a 80.000 euros.
El representante de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez Conradi, apostató por la propuesta de ley porque “no se supone la concesión de ningún derecho automático al riego. Hay que dar seguridad jurídica a terrenos qu’hora están en limbo. Lamentamos que se trasladando un mensaje desvirtuado y que criminaliza al sector de frutos rojos”. Asimismo, recibió el «sacar de la agenda electoral al fresco, por un enfrentamiento oportunista» y criticó la «nefasta gestión hidráulica».
Todos los intervinientes han reconocido que el llamado plan de la Fresa de 2014 coincidió con situaciones “injustas”. Hubo agricultores cuyos terrenos se quedaron fuera de la regulación y reclaman ahora unos «derechos históricos» para que sus suelos sean calificados de regables. En este sentido ha incidido Ana Warleta González. miembro de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Junta de Huelva, que ha puesto de manifiesto los «errores» del sistema cartográfico que se utiliza en el sur y que se utiliza para dañar o no el agua en las zonas agrícolas. Dos agricultores, padre e hijo, citados por el PP, han contado su «historia personal» y han puesto voz a esas «injusticias» de la que se quejan algunos agricultores.
Un jubiloso funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Juan Saura, insistió en la necesidad de que Gobierno y Junta vayan de la mano. “Esto requiere de una política de Estado más allá de que si 800 hectáreas quieren incorporarse o no cuando hay un problema en Doñana. Siempre hay que de un consenso del gobierno de la nación y la junta”.
En la comisión no ha asistido el presidente de la CHG, Joaquín Páez, que ha preferido enviar un informante. Se trata de un derruido documento en el que se sostiene que la propuesta de los mismos está al margen del plan hidrológico, la legalidad de Europa y los compromisos con la Unesco. “Declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua es como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”, sostiene.
Tampoco la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citada por PP y Vox, ha acudido a la comisión.
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