ILos franceses finalmente (re)descubren la existencia de su Parlamento, con la nueva dinámica de prácticas inspiradas en la ausencia de una mayoría absoluta. Las miradas se centraron de forma inédita en procedimientos muy conocidos, como el famoso artículo 49.3, pero también poco conocidos, como el artículo 40 de la Constitución, esgrimidos por la mayoría para no tener que discutir el proyecto de ley del grupo LIOT (Libertades, independientes, ultramar y territorios) que quiere reconsiderar la ampliación de la edad legal de jubilación a los 64 años. Ignorada durante mucho tiempo por la opinión pública, esta disposición es, sin embargo, fundamental para comprender la separación de poderes y el lugar que ocupa el Parlamento en ella.
El artículo 40 prohíbe que un parlamentario imponga o aumente una carga pública que nunca podrá ser compensada, a diferencia de una reducción de los recursos públicos que, a su vez, puede ser compensada. «prometido» por un aumento simultáneo de los recursos. Un gran clásico consiste entonces en garantizar el texto mediante un aumento del impuesto al tabaco. Pero, en general, el texto propuesto no supone una reducción de recursos tan significativa como la que supone la aprobación del proyecto de ley LIOT, aquí aproximadamente 18.000 millones de euros. No obstante, tal y como afirma el Consejo Constitucional, el compromiso debe ser creíble, suficiente e inmediato, lo que implica respetar una cierta proporcionalidad.
Todavía es necesario que se haga un control y, sobre este tema, ha surgido otra polémica en los últimos días. Como resultado de una larga maduración de las prácticas, los métodos de aplicación del artículo 40 han llevado a otorgar un papel principal al presidente de la comisión de finanzas. Ciertamente, un control sistemático previo a la presentación de un proyecto de ley lo realiza una delegación de la oficina de la Asamblea, pero la gran tolerancia de este primer filtro plantea más dificultades que soluciones. La inadmisibilidad puede entonces ser provocada en cualquier momento por el gobierno o un diputado. A falta de reacción, pueden adoptarse textos contrarios a la Constitución.
Argumentos falaces y casi irrevocables
Si el reglamento de la Asamblea Nacional (RAN) prevé otras instancias de control –lo requieren los presidentes de la Asamblea y de las comisiones o el relator de la comisión de finanzas, según diversos criterios–, éstas solicitan casi sistemáticamente la opinión del Presidente de la el Comité de Finanzas consideró, en la práctica, vinculante. Incluso si este papel central es menos el resultado de las disposiciones de artículo 89 de la RAN el de la práctica parlamentaria, es precisamente a esto a lo que se sometieron los diputados con respecto al proyecto de ley de LIOT.
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