La ley del 'solo sí es sí': claves más allá de las penas de cárcel

El foco mediático, político y social ha estado sobre las rebajas de penas y excarcelaciones que la aplicación de la ley del solo si es si ha conllevado desde el pasado noviembre: según el último conteo provisional del Consejo General del Poder Judicial son 978 las condenas rebajadas y 104 los reos excarcelados. Frente a eso, el pasado febrero el PSOE presentó una propuesta de reforma —en solitario, sin sus socios de coalición—, a la que este jueves el Senado ha dado luz verde. Un cambio que no frenará las reducciones a agresores sexuales condenados antes de la aprobación de la ley, pero con la que el Gobierno pretende aliviar la alarma social, por un lado, y elevar las penas para que las condensas futuras vuelvan à ser las mismas que antes de la norma para aquellos delitos que se cometan from que la reforma entre en vigor , en los próximos días.

Sin embargo, a pesar de los últimos cinco meses, en los que solo se ha debatido sur esta cuestión, la Ley de Libertad Sexual no se concibió con la parte penal como centro, sino como una norma integral, es decir, que tratara la violencia sexual desde todos los ángulos, que pretendiera su complejidad, su contexto y sus circunstancias y desplegara desde todos los alrededores ya todos los niveles institucionales las medidas, sobre todo, para prevenirla y detectarla; y una vez que ya ha ocurrido, para atender y garantizar los derechos de las víctimas. Aquí, un repaso a algunas de esas medidas y derechos que van más allá de las penas de cárcel y la tipificación de litos.

Centros de crisis las 24 horas. El Gobierno estimó que para finales de 2023 podrán estar abiertos. Serán al menos 50, uno por cada provincia —por el momento, solo existen dos, uno en Asturias y otro en Madrid—, contarán con atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, y se podrán asistir tanto presencialmente como recibir atencion telefonica y en línea. El Ministerio de Igualdad ha destinado allí 66 millones de euros de fondos europeos.

Asistencia integral especializada y accesible. Además de los centres de crisis, la ley prevé servicios de recuperación integral (psicológica y acompañamiento social, educativo, laboral y jurídico) «que trabajan para apoyar la recuperación de las víctimas en el largo plazo», con un tratamiento específico para menores, y también para las víctimas de trata y explotación sexual —en cualquier idioma, si este no fuera el español—. Estos servicios deben estar repartidos por todo el territorio para asegurar «la accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y alejadas de los núcleos urbanos de gran densidad» y estarán disponibles, siempre, para todas las víctimas, también aquellas en situación administrativa irregular, que “gozarán de los derechos reconocidos en esta ley orgánica en igualdad de condiciones con el resto de las víctimas”.

La educación sexual en todas las etapas educativas. Es una de las cuestiones en las que más especialistas y expertos de todas las ambiciones que Rodean tiene la violencia sexual como base para la erradicación de la violencia sexual. Con esa perspectiva, la norma incluye que el sistema educativo público incluye contenidos sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivosexual para el alumnado, a lo largo de todas las educativas y adaptadas a la edad de cada ciclo. Además, esa educación también será obligatoria en los currículos de los títulos universitarios relacionados con la docencia, el ámbito sanitario ojudiciaire. Algo que también agregó, de forma obligatoria, la reforma de la ley del aborto.

Derecho a la reparación. Es una de las novedades de la norma, que la introducción «como uno de los ejes centrales de la responsabilidad institucional de registrar la recuperación integral de las víctimas y las garantías de no repetición de la violencia». E incluye:

Indemnización por daños y perjuicios materiales y morales que deberá pagar quien sea condenado por el delito, y que tiene que “garantizar la satisfacción económicamente evaluable” del daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad; la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, es decir, lo que una víctima perdió por verse obligada a dejar de estudiar o trabajar; el daño social, entendido como el daño al proyecto de vida; y el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva.
Pensión de orfandad o prestación de orfandad para los hijos e hijas de las víctimas de feminicidios sexuales —introducido oficialmente, a efectos estadísticos y de reparación de las víctimas, por primera vez en esta ley—, «cualquiera que se la naturaleza de su filiación, por naturaleza o por adopción».
Medidas para la recuperación integral de las víctimas y garantizar la no repetición, como “el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos”; ayudas complementarias «por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia para financiar los tratamientos sanitarios adecuados, incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si es necesario; o la «protección efectiva antes de actuaciones o arreglos».

Ayuda económica. Las víctimas de violencia sexual que ganaron menos del salario mínimo recibirán una ayuda económica —compatible con las indemnizaciones establecidas en la sentencia, además de con otras prestaciones, como el ingreso mínimo vital— equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, y serán de mayor cuánto si la víctima es una discapacidad o personas a su cargo.

Trabajo. En los planes anuales de empleo «incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencias sexuales registradas como solicitudes de empleo, con medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia».

Derechos laborales. Entre ellos, el derecho «a la reducción oa la reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación del puesto, ya los apoyos que precisan por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo —que no podrá exceder de seis meses a excepción de decisión judicial—, ya la extinción del contrato”; también à la excedencia en el caso de víctimas que sean funcionarias.

Acceso a la vivienda. La norma fija que «las administraciones públicas promoverán el acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales al parque público de vivienda, a los programas de ayuda de acceso a la vivienda, a los establecimientos residentciales y otros centres de atención a las personas en situación de adiccion «.

Insertar alquileres. Las víctimas de violencia tienen el mismo mecanismo de acceso que las víctimas de violencia de género a las activas de inserción, un servicio de carácter no contributivo para personas desempleadas que no perciben otras ayudas y que acreditan dificultades especiales de reinserción en el mercado laboral.

Recogida de Pruebas y Examinees Forenses. La garantía de que habrá personal médico forense siempre disponible para asegurar que el examen y las recogidas de muestras y otras pruebas se «pratiquen a las víctimas sin demoras», nunca vinculadas a que se presente una denuncia, y se conservarán y gastarán al Instituto de Medicina Corresponsal legal para ser custodiadas allí. Asimismo, «se evitará la reiteración de reconocimientos salvo que resulten estrictamente indispensables para la investigación».

Protección de Datos. En todo el procedimiento «para protegerse de la intimidación de las víctimas, incluyendo especialmente sus datos personales». Por un lado, la Agencia Española de Protección de Datos «ejercerá las funciones y potestades que le corresponden» para «garantizar una protección específica» de sus datos personales, especialmente cuando la violencia «se perpetúe a través de las tecnologías de la información y la comunicación» Además, el juzgado o tribunal competente «podrá acordar, de oficio oa instancia de parte, que las vistas se derrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas».