Un profesor de Educación Física de un instituto público de Totana (Región de Murcia, 32.000 habitantes) lleva varios años retenido tras ser alertado por varios antiguos alumnos de que están sufriendo tocamientos en el desarrollo de las clases durante una sesión formativa. El detenido, que pasará este martes a disposición judicial, no había recibido quejas previas por parte del alumnado del centro ni de sus familias, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, que no han informado del número exacto de jóvenes que habrían denunciado las supuestas agresiones sexuales
Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EL PAÍS que el caso sigue en investigación, por lo que todavía no se puede determinar el número de víctimas, ya que son “bastantes” las alumnas que poco a poco están denunciando haber sufrido los tocamientos por parte de lo educativo. Las alarmas saltaron en el marco del proyecto educativo Policía tutor, qu’impulsa el Ayuntamiento de la localidad desde hace años en los centres escolares del municipio en colaboración con la Policía Local, y que agent de ese cuerpo ofrecen chalas formativas a los alumnos y les explican cómo actuar ante determinadas conductas de riesgo, según ha explicado el alcalde de Totana, Pedro José Sánchez, en una rueda de prensa.
Fue en una de esas charlas cuando algunas chicas comentaron con el agente encargado de la actividad que el profesor de Educación Física las tocaba de manera inadecuada colgante las clases. Segun el periodico La Opinión de Murcia, que adelantó la noticia, habría al menos una docena de víctimas. Para el alcalde, al margen de la cifra exacta de las personas que han sufrido el acoso, «las afectadas son todas las alumnas del centro», que han podido estar expuestas a este tipo de agresiones en el marco de una «relación de poder, vertical”, por parte de un docente.
Fuentes de la Consejería de Educación han subrayado que ese departamento «no tiene constancia previa de quejas ni denuncias ni del centro ni de la comunidad educativa» hacia el docente detenido, y actualmente se encuentran a la espera del avance de la investigación judicial. La inspección educativa, señalan, ha iniciado también una sobre el caso research, pero las actuaciones administrativas de la consejería, como la posible suspensión del docente, “están supeditadas a las medidas judiciales que podrían adoptarse”. El consejero de Educación, Víctor Marín, se encuentra en constante comunicación con el centro educativo, por lo que no ha trascendido el número para salvaguardar la identidad de las posibles víctimas, y ha puesto su disposición al personal del servicio de prevención de riesgos laborales y del Observatorio de la Convivencia para «atender las necesidades y prestar apoyo al equipo directivo, el claustro de profesores y la comunidad educativa».
