Era casi el mediodía del 7 de diciembre de 2022 en Lima cuando el presidente peruano, Pedro Castillo, lo anunció con voz y manos temblorosas. “disuelva temporalmente el Congreso de la República y establezca un gobierno excepcional de emergencia”. Un intento de golpe de Estado condenado de inmediato no sólo por sus ministros, sino también por las fuerzas armadas y la policía. Solo, abandonado por sus familiares, Pedro Castillo fue destituido dos horas después por 101 parlamentarios de 130 por “incapacidad moral permanente”, y su vicepresidenta, Dina Boluarte, fue proclamada presidenta. En el hemiciclo, una treintena de diputados posaron, todo sonrisas, para una foto de recuerdo, haciendo la V de victoria. El señor Castillo fue detenido cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México, que le había otorgado asilo.
Durante las horas que siguieron a esta secuencia, la gran mayoría de los actores políticos y de la sociedad civil, en el Perú y en el extranjero, condenaron el golpe fallido de Pedro Castillo. Pero desde su prisión, el exjefe de Estado, apoyado por los presidentes mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro y la hondureña Xiomara Castro, insiste en que fue depuesto ilegalmente, que él mismo ha sido víctima de un golpe de estado y que, por lo tanto, sigue siendo el presidente de Perú. El gobierno de Dina Boluarte rompió relaciones diplomáticas con estos tres países.
Durante un viaje a Europa, el jefe del equipo legal del Sr. Castillo, Guido Croxatto, se reunió con varios medios europeos, entre ellos El mundo – para explicar por qué, a sus ojos, “No se respetó el procedimiento en el despido de Pedro Castillo”. El Congreso, asegura este joven abogado argentino especialista en derechos humanos, debió abrir un «acusación» pagar «delito constitucional», y no invocar la“incapacidad moral permanente” declarar el poder «vacante». “El presidente entonces debería haber sido notificado de la acusación y escuchado para defenderse, o nada de eso sucedió, sin mencionar que no hubo suficientes votos para acusarlo en el día incluso”, agrega el Sr. Croxatto. El artículo 89-A del reglamento del Congreso establece que se deben obtener las cuatro quintas partes de los votos -es decir, 104- para reducir el período obligatorio de tres días entre la solicitud y el voto de acusación.
“Garantizar un juicio justo”
El Sr. Croxatto también considera que se ha violado el derecho a la defensa de su cliente. “Desde un principio sus abogados tuvieron dificultades para poder verlo y comunicarse libremente con él, él dijo. Yo mismo nunca he podido tener una reunión cara a cara prolongada con él. » De este modo, » El juicio político a Castillo es inconstitucional y sigue siendo el presidente del país, apoyar a su representante. Si algo hemos aprendido en Argentina es que hay que respetar los procedimientos, y que aunque un dictador sea un asesino, hay que garantizarle un juicio justo y una defensa justa. » Así, concluyó el abogado, ni siquiera un golpe de Estado autoriza violar la Constitución y consentir, al final, otro golpe de Estado”.
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